EL PASO (AFP) – El Paso, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, alberga ahora a un creciente número de activistas de derechos humanos mexicanos que escapan de las persecuciones que sufren en Ciudad Juárez, la más violenta de México, ubicada justo cruzando la frontera.

Algunos activistas huyen por miedo a los cárteles de drogas.

Otros temen a los militares desplegados desde 2008 en Ciudad Juárez, precisamente para protegerlos.

Saúl Reyes Salazar y su familia, integrada por varios activistas, han pagado un alto precio por denunciar lo que llama la «militarización» de la ciudad mexicana de 1,2 millones de habitantes y ubicada a 1.870 km de la capital: seis familiares han sido asesinados desde 2008.

Reyes Salazar, su esposa e hijos viven ahora en una pequeña casa de alquiler en El Paso (sur de Texas), después de recibir asilo en enero.

«Los primeros días que estuvimos en El Paso representaron la primera vez en mucho tiempo que pude dormir por la noche y despertar en la mañana sin pesadillas», dijo a la AFP.

Hace unos cuatro años esta familia comenzó a denunciar desapariciones forzadas, asesinatos y torturas presuntamente perpetradas por soldados desplegados por el presidente mexicano Felipe Calderón como parte de una ofensiva contra los cárteles lanzada a nivel nacional en diciembre de 2006.

Los operativos, en los que participan miles de militares, han estado acompañados de un crecimiento de los asesinatos brutales.

Unas 50.000 personas han muerto en la ola de violencia, la mayoría -según el gobierno- delincuentes, pero también civiles ajenos al crimen organizado.

Sólo en Guadalupe, un poblado de 3.000 habitantes en las afueras de Ciudad Juárez, han sido asesinadas 180 personas, 26 han desaparecido y se han encontrado ocho cadáveres aún no identificados, según conteos de Reyes Salazar.

Los integrantes de su familia, que tenía una panadería cerca a Guadalupe, recibieron amenazas desde que comenzaron a denunciar la violencia contra otros y finalmente se convirtieron ellos mismos en víctimas.

«Tal vez estamos más seguros aquí (en El Paso)», dice Reyes Salazar en su pequeña y oscura cocina.

«Pero no me siento bien de saber que sigue existiendo tanta maldad allá», añadió.

Según Carlos Spector, abogado de la familia que ha ganado un puñado de casos similares de mexicanos que piden asilo, unos 21 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el estado de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez, desde que llegó el Ejército en 2008.

«La mayoría de los casos de asilo que tenemos y que hemos visto son producto de crímenes de Estado, y no están relacionados con el narcotráfico. Ni uno de los casos están relacionados con drogas», dijo Spector.

«En todos los casos miembros del gobierno mexicano han sido señalados como autores materiales de los crímenes y el gobierno de Estados Unidos ha estado de acuerdo con nosotros mediante la concesión» del asilo, prosiguió.

Al margen de quién está en el origen de los crímenes, para muchos activistas ya es demasiado tarde.

Marisela Escobedo, una madre que batalló durante dos años para llevar al asesino de su hija adolescente a la justicia, fue asesinada a balazos en diciembre de 2010 frente a la gobernación de Chihuahua, mientras efectuaba un plantón de protesta.

Un video tomado por la policía muestra cómo un automóvil se estaciona cerca del edificio y la activista intenta huir de un pistolero que finalmente la alcanza y le dispara a quemarropa. Su asesino sigue libre.

Norma Andrade, que se convirtió en activista luego de que su hija de 17 años fuera secuestrada y asesinada presuntamente por narcotraficantes, huyó de Ciudad Juárez tras ser baleada en diciembre de 2011 y se refugió en Ciudad de México donde fue atacada hace un mes con un arma cortopunzante.

Andrade anunció que buscará asilo fuera de México, mientras su hija, Malú Andrade, también activista, ha sido amenazada y también sufrió el intento de incendio de su casa en Ciudad Juárez.

«Eso te vuelve paranoica», dijo Malú Andrade a la AFP.

Pese a que al otro lado de la frontera encuentran tranquilidad, los activistas no viven una vida fácil. «Ahora nos encontramos en una posición mucho más vulnerable económicamente, con menos opciones para el activismo social», dijo Reyes Salazar, quien recordó que su familia tuvo que dejar negocios y bienes.

«Echo de menos México (…) Creo que el sueño de todos los exiliados es volver un día a sus países», concluyó.