Continúan los reclamos por mejoría salarial dentro del sector justicia. Esta vez son los defensores públicos quienes aseguran, que sus ingresos no se corresponden con la carga laboral que llevan.
Los salarios de los defensores públicos están establecidos por categorías. Los del grupo I, o nuevo ingreso, reciben un salario de 55 mil pesos; los de categoría II, RD$65 mil y los que pertenecen al grupo III, RD$75 mil. Si es un abogado adscrito, el sueldo es de 35 mil.
Según la vocera del Movimiento en pro de la Dignidad Salarial, Elizabeth Paredes, la sobrecarga de trabajo que lleva un defensor público, que puede tener hasta 400 procesos a la vez, no se corresponde con el pago. Asegura que esto podría poner en riesgo este servicio, porque la tendencia es migrar o al ejercicio privado o a la carrera del Ministerio Público, donde reciben mayores ingresos.

“Cuando tú tienes unos sueldos como los de los jueces y los fiscales, y concursos abiertos, posiblemente todos quieran emigrar hacia esas posiciones”, dijo Paredes y precisó que ya muchos se han ido por el tema de los recursos.
Dice que tenían siete años sin un aumento, hasta que en 2015 recibieron un incremento del 8%. Ahora luchan por el 40%.

Compara los ingresos de un fiscalizador, que al salir de la escuela estaría ganando sobre los 70 mil pesos, lo mismo que un defensor que para llegar a ese monto, tiene que pasar los diez años litigando.
Aunque reconocen que la Defensoría necesita una mayor asignación presupuestaria, con lo que en la actualidad recibe se puede realizar un reajuste salarial.
La dirección de la Oficina de la Defensoría Pública lleva varios años reclamando por mayor presupuesto, para poder abrir las oficinas en todo el país y para contratar más abogados.
Pero, según Paredes, de nada sirve tener oficinas abiertas, si no hay calidad laboral y un personal dispuesto a dar el todo por el todo.