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POR LEONORA RAMÍREZ
La defensoría pública ha contribuido con la celeridad de los procesos penales, y la presencia de la oralidad en los mismos en el contexto de la aplicación del Código Procesal Penal, manifestó Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
En ese sentido, explicó que uno de los mayores avances de la nueva legislación es el acceso a la defensa pública, tanto por la expansión de la misma como por la cantidad de defensores judiciales que prestan el servicio.
La funcionaria se refirió en esos términos durante el seminario Avances y desafíos del sector justicia frente a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, realizado como parte del quinto aniversario del Diálogo Jurídico.
En la actividad, realizada en el auditorio de la Procuraduría General de la República, expresó que desde la vigencia del referido código han sido muy tímidas las soluciones alternativas para evitar los juicios, pero esperamos que con la política que se pretende implementar con el Plan Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, estos mecanismos aumenten sustancialmente en el país.
Al explicar que el servicio de la Defensa Pública está destinado a atender los derechos fundamentales que les son inherentes a las personas en conflicto con la Ley, destacó que la misma debe concebirse como una obligación del Estado para preservar tanto los derechos humanos como las garantías procesales.
La finalidad del derecho de defensa es hacer valer con eficacia el derecho a la libertad, por tanto, en un Estado democrático pocas instituciones cobran tanta trascendencia para la preservación de la dignidad humana como la Defensa Pública.
Muchos apostaron al fracaso de esta institución, sin embargo, el hecho de ser incipiente se convirtió en una ventaja comparativa, pues la Defensa Pública se creó pensando en el Código Procesal Penal que iba a entrar en vigencia.
LOS APORTES
Hernández Román manifestó que de enero a noviembre del 2005 la dependencia que dirige ofreció servicio a 11,517 imputados en la jurisdicción ordinaria, y a 1,792 menores, y del total ingresaron 7,381 a la jurisdicción ordinaria, y 1,183 a la de Niños Niñas y Adolescentes.
El universo de imputados asistidos asciende, desde el 2003 hasta noviembre del 2005, 13,309, y 8,564 casos egresados en el mismo período.
De enero a noviembre del 2005 se obtuvieron 851 descargos, y 721 autos de no ha lugar. En cuanto a las medidas de coerción se consiguieron 675 fianzas, 166 vigilancias de institución, 1,040 presentaciones periódicas, 84 arrestos domiciliarios, 594 libertades sin medidas de coerción.
Además, los defensores públicos participaron en 4,975 audiencias conocidas, y 2,747 audiencias preliminares, igualmente se realizaron 582 visitas carcelarias, y se obtuvieron 356 libertades condicionales.
LAS OFICINAS Y LOS DEFENSORES
A mediados del 2004 sólo contábamos con 14 defensores de carrera, y hoy tenemos 79 defensores, y actualmente estamos en proceso del sexto concurso para defensores públicos, por lo que esperamos para este año tener una matrícula de 80 nuevos defensores.
Las diferentes oficinas de las defensorías públicas están situadas en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi, Barahona y San Juan de la Maguana.
Para el 2006 se pondrá en funcionamiento en el Departamento Judicial de Puerto Plata y en los distritos judiciales de Mao, Monte Plata, Samaná, Bonao, Moca, Cotuí, Baní, La Romana e Higuey.
Pero entre las tareas pendientes, de acuerdo con las explicaciones de Hernández Román, se citan el impulsar la ejecución de las libertades desde las salas de audiencia, y lograr que el Ministerio Público no intervenga en la ejecución de la libertad, en los casos de los descargos y en los autos de no ha lugar.
La Defensa Pública pretende luchar sin cansarse para que existe un verdadero respeto de los plazos procesales, y que desaparezcan los excesivos tramites en los despachos judiciales, precisó.
