Un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia divulgado este miércoles denunció “la escasa respuesta institucional frente a los actos de violencia por prejuicio” contra las personas con identidad de género y orientación diferente a la heterosexual.

La población LGTBI en Colombia “ha sido afectada desproporcionadamente por la violencia, lo cual ha exacerbado sus condiciones de exclusión, inequidad y acceso a los derechos”, aseguró la Defensoría durante un acto en la ciudad caribeña de Barranquilla en el Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, Bifobia y la Transfobia.

El informe indica que “entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo acompañó 40 casos de violencia por prejuicio, 16 de ellos corresponden a mujeres transgénero; tres, a hombres transgénero; 12, a hombres gais, de los cuales tres se identificaron con identidad no binaria; siete, a mujeres lesbianas, y dos, a personas intersexuales».

La situación de exclusión e inequidad, según este organismo estatal fue mucho más acentuada durante el Gobierno derechista del presidente Iván Duque (2018-2022), pero aún así durante el 2022 la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio.

“De los 394 casos, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales”, se extrae del informe, y el principal tipo de violencia fue la psicológica (211 casos), seguido de la física (93 casos), intrafamiliar (52) y sexual (27).

AUSENCIA DE ENFOQUE DIFERENCIAL

Durante el evento en Barranquilla liderado por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reveló que para la población LGBTI en Colombia hay una “ausencia de criterios y enfoques diferenciales en los registros de información estatal para la sistematización y visibilización de casos de violencia por prejuicio».

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El informe anota que “durante el anterior Gobierno se vulneró el derecho a la igualdad y la participación de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), al diseñar e implementar una política con evidentes vacíos estructurales”, lo que causó “una brecha en la aplicación de una igualdad material y discriminado de manera directa a la población».

“Pudimos concluir la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia por prejuicio, así como la falta de contratación de equipos institucionales y profesionales especializados enfocados en la atención de los derechos de esta población”, expresó el Defensor del Pueblo Carlos Camargo al instalar el evento.

Igualmente se refirió a la falta de sistemas de información sensibles al género y la escasa implementación de la política pública por parte de las entidades nacionales y territoriales, “lo que ha generado un escenario de mayor vulnerabilidad de derechos» para el colectivo.

“Los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) los encontramos de manera lamentable en las familias, las escuelas, las comunidades, la sociedad y el Estado. Peor aún, se han acentuado a lo largo del tiempo, lo que ha generado una limitación de sus derechos”, expresó Camargo.

PARA EL NUEVO GOBIERNO

El Defensor hizo un llamado al actual Gobierno para que “desarrolle acciones concretas para la implementación de políticas públicas” para “la prevención, atención de la violencia por prejuicio, así como investigación, protección y justicia para esta población».

El director de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Diego Arturo Grueso, afirmó que cuando la actual Administración llegó “encontró un rezago” en los enfoques diferenciales.

“Sabemos de la gran deuda que tiene el Estado, y por ende la unidad de víctimas, con los miembros de la comunidad LGBT”, anotó el funcionario.