El deficiente presupuesto para la Defensoría Pública limita el derecho a la justicia de los ciudadanos. Según afirma Laura Hernández, coordinadora general de la Oficina Nacional de Defensoría Pública (ONDP), debido a los limitados recursos, todavía quedan distritos judiciales en los que las personas no pueden acceder a un defensor proporcionado por el Estado.

Hernández afirma que para que las oficinas de defensa pública estén en todo el país, necesitarían que la partida presupuestaria sea llevada a unos 730 millones de pesos. En la actualidad reciben unos 415 millones, que según dice, no son suficientes para capacitar a los defensores y operar en cada distrito judicial.

Indicó que en la actualidad solo cuentan con 117 defensores de carrera, de los 450, que sería el ideal para cubrir todo el territorio.
Debido a esa escasez, que no se suple aún con abogados contratados, y no es lo que estipula la ley que rige dicha oficina, hay demarcaciones donde este servicio no ha llegado.

Informó que, en total hacen falta oficinas en 11 distritos judiciales, entre estos Jimaní, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Constanza, Nagua, Samaná, El Seibo, lo que coloca a los residentes de esos pueblos en condición desigual.