Defensoría Pública

Defensoría Pública

La falta de recursos económicos  ha imposibilitado la apertura de oficinas de defensoría pública en 12 jurisdicciones, lo que  limita la defensa de los derechos fundamentales de cientos de  imputados y por ende, complica su situación.

Así lo reveló a la Esquina Joven de Hoy, Laura Hernández Román, directora general  de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quien precisó que anualmente reciben una asignación presupuestaria de RD$240 millones, lo que resulta  insuficiente para toda la logística que requiere esta instancia.

“Con un aumento de RD$406 millones, nosotros podríamos abrir las 12 jurisdicciones que nos faltan y suplir las necesidades de las oficinas que están operando que, en ocasiones, registran ciertas precariedades”, precisó  Hernández Román.

Dijo  que producto de las limitaciones económicas, hace tres años los salarios de los defensores se encuentran frizados, así como los concursos de oposición para ingresar al sistema.

Sostuvo que esto provoca una  elevada  sobrecarga de  trabajo, por la gran cantidad de expedientes que ingresan.

Incidencia. Precisó que en el período comprendido entre enero- septiembre de 2011, los abogados de defensoría pública asumieron el 82 por ciento de los casos penales registrados en todos el país

“En los primeros nueve meses del 2011 ingresaron a la Defensa Pública 14,618 casos, lo que representa el 82% de los expedientes ingresados al sistema, al compararlo con los 17,841 que entraron al sistema de justicia de conformidad con las estadísticas del Poder Judicial”, explicó.

 En tanto, Maritza Ramírez, subdirectora técnica de la Defensoría Pública, explicó  que en enero próximo cumplen 10  años ofreciendo servicio gratuito a los imputados que así lo requieran.

Precisó que desde enero de 2003 a  la fecha han atendido   153,922 casos.

Violaciones. Explicó que los tipos penales más frecuentes son por violación a la Ley de Drogas (50-88), seguido por  robo y homicidios.

Sobrepoblación carcelaria.  Mientras Migdalia Brown, coordinadora de Carrera y Desarrollo, reiteró que la situación de los recintos carcelarios del viejo modelo penitenciario es  patética, debido a la sobrepoblación. 

Brown dijo que se estima en más de 22,000 la cantidad de  personas privadas de su libertad.

Explicó que a finales del 2011 e inicio del 2012 hicieron un levantamiento en el que pudieron  establecer  que persistía el hacinamiento y que  los alimentos distribuidos en estos lugares  no son los más adecuados.

Otra debilidad detectada fue  la falta de traslado de los presos a los tribunales, precisó.

 “En muchos  casos los privados de libertad se ven obligados a pagar su traslado, que en ocasiones supera los RD$5,000, ya que la audiencia es en  una jurisdicción cuya ubicación es totalmente opuesta a donde se le conoce el  expediente”, precisó. A esto se suman  los gastos del custodia que actúa en el traslado.

“Es injusto que el sistema cargue a esta persona con el pago del transporte”, enfatizó.  Dijo, además, que en Monte Cristi la mayoría de los presos tienen que dormir en  el patio, a la intemperie, debido a que el espacio techado es muy pequeño. “Cuando llueve, la situación es caótica, señaló  la ejecutiva de la Defensoría Pública.

Otros con casos en la capital son trasladados a cárceles lejanas.

Con esta situación, dijo, se produce una degradación de la dignidad de la persona y “una vulneración flagrante de las autoridades”.

Las claves

1.    Denegación justicia

 Migdalia Brown, coordinadora de Carrera y Desarrollo, reveló también que  en el El Seibo hay presos, sobre todo de nacionalidad haitiana  que llevan tres años y más sin ser llevados ante el juez correspondiente. “Un gran porcentaje de los presos  en este centro son haitianos, cuyos procesos abiertos están en Higüey: Sin embargo, tienen  hasta tres años privados de libertad, sin ver a un juez. Nunca han estado en contacto con la autoridad judicial competente luego de que se le impusiera medida de coerción”, enfatizó.

2.   Razones

Dijo que esto pasa con  frecuencia, debido a   que no  hay transporte para el traslado y por la ausencia de seguimiento de parte de las autoridades.

3.    Sin cuartos

La funcionaria de Defensoría Pública explicó que otra debilidad detectada es que muchos presos permanecen guardando prisión porque no tienen recursos para pagar la garantía económica que se les  impone.  “El juzgador  impone una garantía económica de imposible cumplimiento, en franca violación a lo que establece la norma procesal penal que indica que el juez, al  momento de imponer la medida, debe  verificar la idoneidad de la medida” precisó.

4.   Sistema sordo

Brown   consideró, en la Esquina Joven, que el “sistema se está volviendo un poco sordo”.   No obstante, resaltó los avances obtenidos con   las cárceles del nuevo modelo. 

5. Perfil

La  Oficina de Defensa Pública es una institución que brinda servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.

6. Abogado de oficio

En las jurisdicciones donde aún no tienen Oficina, los imputados que así lo requieren son defendidos por abogados de oficio.

 7.  Deserción

 En los casi diez años de existencia de este organismo, solo  unos   40 defensores han renunciado de sus labores por razones diversas.

Las frases

Laura Hernández R.

“Cualquier falta de un miembro de la institución puede perjudicar la libertad de un imputado, y de ahí la importancia de cumplir con los procedimientos y de formar y capacitar adecuadamente a los defensores, que, de hecho, para ingresar al sistema deben superar un concurso de oposición”.

Migdalia Brown

“Es patético el cuadro que padecen  los presos en  las cárceles del  país. Hay un poco de indiferencia y  las  autoridades se están volviendo un poco apáticas, con relación a considerar que los privados de libertad son seres humanos  igual que todos nosotros”.

Maritza Ramírez

“Yo me inicié como defensora en la jurisdicción del Distrito Nacional  y con el transcurrir del tiempo, por mi responsabilidad, dedicación  y empeño he ido calando posiciones hasta llegar a la que ocupo actualmente. Es decir, que aquí se le brinda a nuestro personal oportunidad de crecimiento profesional”.

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