MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
Dudas, desconfianza, despierta el manejo de los dineros públicos, más de RD$675 mil millones de los recursos presupuestarios de la nación en el período 2004-2007, puestos bajo la lupa de una institución que constitucional y legalmente tiene el mandato de auditarlos, vigilar su uso racional, probo y eficiente: la Cámara de Cuentas (CC), históricamente un almacén de auditorías truncas, sesgadas, secretas, descalificadas por las debilidades técnicas y la contaminación política. Seudoauditorías que más que aclarar, ocultan.

La incredulidad se arraiga con la creciente percepción de corrupción e impunidad en la administración pública, el dispendio, la ineficiencia e inescrupulosidad en el gasto sin que el organismo auditor posibilite una transparente rendición de cuentas, pese a las claras señales de enriquecimiento súbito y desmedido de cuestionada procedencia, de una ostentación de bienes millonarios que a los ojos de la población parecen emanar del saqueo de las arcas nacionales.

Suspicacias afianzadas, igualmente, por el descrédito que ha estigmatizado a la CC, piedra de escándalos, primero con un alza escandalosa de salarios cuya aprobación sólo exceptuó a su presidente, luego con las pretensiones de varios de sus miembros de incursionar activamente en la política.

En fin, una institución que, si bien comenzó a trabajar en su modernización, que tiene signos vanguardistas en su marco jurídico y ha dado pasos de avance de la mano de entidades internacionales, todavía resulta a todas luces obsoleta, con un rezagado sistema de contabilidad manual. Un organismo incompetente para realizar las labores de supervisión y control que le asigna su ley orgánica 10-04, sin las herramientas básicas para auscultar las cuentas de las instituciones bajo su lupa.

Su sede, el antiguo Huacalito con aspecto de mercado, fue remozada, pero la tecnología no ha tocado sus puertas. “Esta es una entidad obsoleta, la contabilidad es manual porque no se dedicaron recursos para comprar un software de auditoría o uno de contabilidad estipulados en el presupuesto que hicimos, incluimos RD$45 millones para la plataforma tecnológica y equipos de tecnología, pero no se va a poder hacer nada este año”, enfatiza Andrés Terrero, presidente de la CC, y agrega:  “Auditamos a entidades en el gobierno que están tecnológicamente avanzadas, y nosotros operamos manualmente”.

Esas y otras limitaciones para la rendición de cuentas fueron identificadas en un diagnóstico realizado por Participación Ciudadana (PC) en 2006, las que en gran medida no han sido superadas:

1. Problemas de imagen pública y de credibilidad. Politización en la selección de los miembros de la CC, de los auditores y las instituciones a auditar. Inexistencia de procesos de monitoreo, evaluación y control de calidad en base a indicadores. Recursos humanos con deficiente calificación profesional en metodologías e instrumentos de auditoría. Bajos salarios e incentivos. Procesos no automatizados.  Problemas de acceso y recolección de información en las instituciones, déficits técnicos en la realización de auditorías. Dificultad para acceder a los instrumentos aplicados y a los resultados.

2. Tramitación al Ministerio Público de expedientes con resultados de corrupción no expedita. Inexistencia de sanciones administrativas del Ejecutivo a funcionarios que no acatan las solicitudes legítimas de la CC y de la Justicia a expedientes con resultados de corrupción.

Auditorías.  Año  tras año la CC efectúa peritajes financieros, pero muchos quedan velados, engavetados. Una práctica del pasado, según Terrero,  quien reafirma el compromiso del Pleno de transformar la institución para que sea confiable y creíble. “Ese esfuerzo lo estamos haciendo, tenemos un año, un año bastante difícil, de adaptación primero, de cambio, y nos inmiscuimos básicamente en el Plan Estratégico. Hicimos muchas auditorías,  no las hemos publicado todas, sino un mínimo, pero los estados financieros ya están”.

Rehusa revelar los resultados alegando que violaría las normas, por encontrarse aún en la fase de revisión, de control de calidad.

En total hay más de 70 en carpeta, pero sólo han enviado al Ministerio Público, por alegados visos de responsabilidades penales, las practicadas en pequeñas entidades edilicias, en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y el Departamento de Pensiones de la secretaría de Hacienda, donde antes de llegar los auditores de la CC ya habían denunciado los presuntos fraudes. Al Departamento de Corrupción Administrativa remitieron las de Refidomsa, el cabildo de San José de Ocoa y los distritos municipales de San José del Puerto, Hatillo Palma, Cana Chapetón y Villa Elisa, de Montecristi, publicadas en la página web de la CC.

Entre las terminadas figuran las de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, Aeronáutica Civil, Suprema Corte de Justicia, Administradora de Riesgos de Salud de las FFAA, Gerencia del Consejo de la Seguridad Social y el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Otros 41 informes están a nivel de borrador en la División de Control de Calidad.

Período 2004-2006.  En ese lapso, con un monto presupuestario global de RD$456 mil millones, realizaron 62 auditorías, pero independientemente de las dudas sobre la posibilidad de soborno a los auditores, de la sospecha de que los resultados hubieran sido amañados, cotejados, arreglados,  se informó que  el 95% de esos experticios estaban descalificados por la falta de calidad técnica, lo que no ha sido en gran medida superado.

Persiste el grave problema de competencia profesional de los auditores,  atribuido por Terrero a la falta de recursos financieros para contratar un personal calificado. Esas deficiencias no sólo le restan calidad a los experticios, sino que atrasa el trabajo, y en vez de dos o tres meses, tiempo promedio que debe durar una auditoría, a varias “ya le hemos celebrado el cumpleaños”.

Acorde con la Constitución y la ley 10-04,  la CC deberá presentar un informe al Congreso sobre el Presupuesto de 2007, ascendente a RD$219 mil millones. Al momento, existe un gran retraso en el envío de las ejecuciones presupuestarias de numerosas instituciones. El plazo vence el primero de marzo, desde cuando son pasibles de sanción si incurren en desacato.

En 2008, cuando fiscalizarán un presupuesto nacional sobre los RD$300 mil millones, la CC tendrá que reducir en un 35% los experticios por falta de recursos financieros. De 500 programados, a lo sumo llegarían a 100. Seleccionarán, informa, las secretarías de Estado que manejen más fondos, entre ellas Obras Públicas, el Metro, Educación, Salud Pública, la Presidencia, incluyendo el Despacho de la Primera Dama y el Gabinete Social. “No debe haber ningún pánico por eso”. Asimismo, auditránlos partidos políticos y el cumplimiento de la  Ley de Austeridad, violada por la CC con el alza de salarios, revocada ante la indignación ciudadana.

Las labores planificadas para este año dentro del Plan Estratégico 2007-2010, aprobado en noviembre pasado, está supeditada a las disponibilidades financieras, a que recibieran los fondos estipulados en la ley 194-04: el  0.30% de los recursos internos, ingresos adicionales y recargos que genera el Estado.

A fin de implementar ese proyecto, solicitaron al Ejecutivo un presupuesto de RD$1,100 millones. Le asignaron  RD$423 millones, RD$42.3 millones más que en 2007, que fue de RD$381.7 millones, un 50% inferior a lo consignado por ley, que serían RD$792 millones. “Nuestros planes para el 2008 no van a poder lograrse, y tenemos un problema de calidad profesional. Nuestros auditores no están a la altura de lo que debe ser para una entidad que asegure el uso adecuado de los recursos del Estado, no digo la totalidad, pero la gran mayoría no entró con méritos profesionales sino por asuntos políticos y amiguismo. Hay que ser competitivos pagando, y nuestros auditores ganan sueldos de miseria”.

De los 780 empleados, los 350 auditores ganan de RD$18 mil a RD$25 mil mensuales, y un máximo de RD$31 mil para el encargado supervisor. 

¿Podrían caer en soborno?  Es difícil decirlo—responde Terrero–, porque es difícil probarlo, pero evidentemente una persona con ese salario tiene muchas tentaciones y cualquiera que cometa un acto de corrupción y vea que el auditor está llegando cerca de donde él no quiere que llegue, podría sobornarlo. Y se dice que eso históricamente ha pasado en la CC, y es parte de  la desconfianza que quizás también esta entidad tiene y lleva como un lastre.

Los gastos personales absorben dos tercios de la nómina, sustancialmente incrementada desde que se elevó de cinco a nueve los miembros del Pleno, no obstante la reducción de funciones al dejar de ser la CC un tribunal contencioso. Devengan cada uno RD$329 mil mensuales, incluyendo viáticos y seguridad. Tienen asignados un chofer, un edecán y militares en sus casas. Engullen una buena partida del presupuesto, alrededor de medio millón de pesos mensuales en seguridad. Nueve miembros se estima  mucho más de lo necesario, y volver al número anterior permitiría mejorar los ingresos de los que tienen la tarea de auditar.

Mini entrevista

Henri Mejía
Vicepresidente de la CC

Se creía que con los fondos del BID la CC había logrado su plena    modernización, y eso no es correcto”

¿Cuánto es el salario de los miembros de la Cámara de Cuentas? Prefiero que sea Andrés      que se lo diga, porque yo no puedo precisar, no es mi área, pero no creo que haya ningún inconveniente, porque aquella vez cuando lo del aumento salarial se volvió a la posición inicial. Entiendo que Andrés, como administrador de la CC tiene que darlo.

¿Cuánto gana usted?

 Mira, eso es lo que no se, porque el salario está dividido.

¿Cuál es el sueldo básico?

 Me gustaría que fuera Andrés que se los diera y no me estoy negando.

¿Cuántos edecanes o seguridad tiene usted?

 ¡Edecanes!, no, no tengo seguridad, solo tengo un chofer y por lo regular ando con una persona que trabaja para mi, pero eso no quiere decir que en un momento dado solicite personal para mi seguridad.

¿Tiene seguridad en su casa?

 No, no tengo ninguna seguridad

¿Cree que debe haber transformaciones en la CC?

 Pienso que nosotros debemos verificar, pues todas las leyes son sujetas a modificación, y por tales razones  creo que la ley 10-04 es una ley de avanzada, es una ley que le ha dado autonomía e independencia a la CC.

Antecedentes

19 de diciembre de 2006

 El Senado designa a los integrantes de la CC:: Andrés Terrero, presidente; Henri Mejía, vicepresidente; José Gregorio, secretario; Alcides Benjamín Decena , Freddy Bolívar Almonte , Luis Yépez Suncar, Julio de Beras de la Cruz, Juan Adalberto Lora  y José Altagracia Maceo, miembros.

18 de enero de 2007

Los miembros de la CC elevan sus sueldos   de RD$261,,000 a RD$449,000 mensuales, revocado el 16 de mayo de ese año.

 29 de mayo de 2007

31  asociaciones  y 179 ciudadanos piden al Senado la destitución de los miembros de la CC.

 2 de agosto

Denuncian que  Yépez Suncar,  Decena  y De Beras de la Cruz, miembros del Pleno, se unen al consultor jurídico de la CC,  Arbaje Valenzuela, para modificar el reglamento interno a fin de  participar en actividades partidistas.

Zoom

Auditorías

1. En ejecución

Corporación de Fomento Industrial (CFI), Fundación de Corazones Unidos, Departamento Aeroportuario, Liga Municipal Dominicana, Tesorería de la Seguridad Social-Sistema Unico de Información y Recaudo, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Proyecto DISDO de la CFI, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Instituto Nacional de la Vivienda, y los ayuntamientos de Baní, Estebanía y La Vega, y la Junta del Distrito Municipal El Rosario.

2. Terminadas

Auditoría ambiental de la Playa de Güibia, Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

3. Aprobadas

Industria y Comercio, Dirección Nacional de Control de Drogas, Bienes Nacionales, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Autoridad Portuaria Dominicana, Instituto Tecnológico de Las Américas, Academia de Ciencias de la República Dominicana, Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados.