El ex administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, Radhamés Segura, afirmó ayer que las tres empresas distrubuidoras de electricidad sólo están cobrando US$30 millones, de US$80 millones que debieran cobrar mensualmente para mantener una relativa operación eficiente.

Calificó de «totalmente inviable» el negocio eléctrico en el país, con tarifas por las nubes que no deben seguirse aumentando y deudas prácticamente impagables.

Retó al gobierno a que publique los números de las Distribuidoras de Electricidad del Norte y del Sur, tras la compra de las acciones de estas empresas a la compañía española Unión Fenosa, en una operación en la que sostuvo le «regalo» más de US$400 millones, traicionando los intereses nacionales.

Sostuvo que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) adeuda US$293 millones a generadores privados, a parte de RD$3,000 millones que dijo debe el Gobierno por concepto de subsidio del Programa de Reducción de Apagones (PRA). Segura criticó que el gobierno del presidente Hipólito Mejía haya politizado la problemática energética del país, con una doble moral, e insistiendo que no cargará con «el muerto eléctrico de Leonel Fernández».

Desde el 2002, indicó, la Superintendencia de Electricidad debió intervenir a EDENORTE y EDESUR, para luego llamar a licitación como establece la ley.

El dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pronunció una conferencia en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), auspiciado por una organización denominada Red de la Dignidad.

Afirmó que la situación de la crisis eléctrica del país es conocida por organismos internacionales crediticios como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Pero el Gobierno se lo calla miserablemente para tratar siempre de echarle una culpa política al Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana», añadió.

Dijo que el gobierno de Mejía utiliza fondos de la CDEEE para la campaña política, y señaló que a meses de esta gestión dilapidó US$80 millones, proveniente de los primeros beneficios de los generadores de Itabo y Haina.

Recordó que la energía eléctrica es un servicio público de primera electricidad que tiene que ser suplido por el gobierno a la población no importa el precio ni las circunstancias.

El objetivo de un próximo gobierno del PLD, expresó, es que la población reciba un servicio de electricidad en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable.