El Estado se rige por un ordenamiento jurídico claro y preciso, que traza las pautas para administrar la autoridad. De alguna manera, todo ejercicio humano tiene que acogerse a las normas de convivencia establecidas. En materia de normas jurídicas, se puede afirmar que el país está entre los mejor preparado. Sin embargo, hay un déficit terrible de autoridad. Hay buena herramienta, pero no hay quienes las utilicen al pie de la letra. Por eso se reincide en el delito, hay corrupción y se protegen y toleran desmanes que en cualquier otra parte del mundo son sancionados de manera drástica.

El caso de la excarcelación de treintiún policías de la dotación de Puerto Plata, acusados  de contubernio con narcotráfico y ejecución de asesinatos por encargo, es una muestra del déficit de autoridad que padecemos. El procurador  fiscal de esa jurisdicción, Víctor Mueses, ha tenido que pedir medidas de coerción contra esos policías después que una jueza los libertara por supuesta irregularidad de la prisión. Cuando se renuncia al poder de la autoridad, por la causa que sea, el poder de la maldad toma la batuta, y eso está pasando aquí en muchos ámbitos, desde el ordenamiento del tránsito hasta la lucha contra la corrupción y más allá. Quienes desempeñan cargos tienen que asumir el poder de la cuota de autoridad que le corresponde y ejercerlo a plenitud.

Sobran botones de muestra

La ciudad de Moca es otro muestrario de déficit de autoridad. Quienes venden medicamentos de manera irregular tienen en jaque a la autoridad. El negocio continúa por sus fueros y hasta demostración en contrario, quienes lo ejercen han demostrado más poder que la autoridad que ha pretendido imponer las normas. Nuevamente las reglas de ordenamiento del Estado parecen inaplicables ante ciertos poderes.

Quienes han perseguido estos negocios deben haber actuado por mandato de alguna disposición con peso jurídico. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo es un desafío a la autoridad. Las leyes siempre incluyen sus márgenes de tolerancia o flexibilidad, pero en modo alguno prevén una renuncia al uso y ejercicio de la autoridad que ellas mismas proveen. Hemos tomado dos ejemplos, Puerto Plata y Moca, por ser escenarios de dos casos muy sonados y delicados, pero en realidad sobran los botones de muestra.