Ciudad Alternativa denunció ayer que al menos 10 instituciones más, aparte del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), han estado interviniendo en la política habitacional, duplicando funciones, elevando la discrecionalidad del gasto público en el sector vivienda y haciendo un uso ineficiente del mismo.
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, se quejaron de la falta de políticas públicas dirigidas a reducir el déficit habitacional y que, por el contrario, se evidencia una disminución de la inversión en el sector en los últimos siete años.
Pidieron a los legisladores incrementar la partida dirigida a la vivienda digna en el Presupuesto General del Estado 2020 a por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), tras recordar que apenas llega a un 0.3%, es decir RD$1,250.2 millones.
Expusieron su parecer sobre el tema Ricardo González, director de Ciudad Alternativa; Jenny Torres, encargada de Cambios para las Políticas Públicas; David Arbona, arquitecto urbanista e investigador; Patricia Gómez, encargada de Producción Social de Hábitat y Rafael Jóvine, economista.
Explicaron que contrario a lo que indica la publicidad gubernamental, esta ha sido la gestión que menos recursos ha invertido en solucionar las carencias habitacionales de la población.
De acuerdo a lo explicado en los últimos 7 años, solo se han construido cerca de 8 mil viviendas anuales, “prácticamente nada y de ahí el déficit habitacional que tenemos”.
Consideran que el gasto en vivienda social carece de enfoque hacia resultados y objetivos de desarrollo.
Además ponen en evidencia que del monto global previsto a invertir de RD$200 millones se vinculan directamente con el indicador 2.5 vivienda digna en entornos saludables de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Es decir, solo el 16% del gasto contemplado para vivienda guarda relación con los objetivos de la END 2030.
Indican que llama la atención que en el año 2020, el Gobierno gastará cuatro veces más en publicidad y propaganda que en vivienda social.
Indicaron también que ni siquiera en los proyectos de fideicomiso se prevé un compromiso efectivo con garantizar oferta habitacional a la clase media.
La meta original de 25,000 viviendas terminadas al cierre del año 2020 en Ciudad Juan Bosch se ha ido diluyendo en el tiempo, hasta el punto de que solo se tiene constancia de unas 2,000 familias habitando el proyecto 1.
Indicaron que desde enero 2019, no se revelan las cifras sobre el número de familias que residen en este proyecto habitacional.
“Lo peor de todo es que el Gobierno ni siquiera puede demostrar que los nuevos adquirientes han sido personas que previamente se encontraban en situación de déficit habitacional, objetivo original que se buscaba impactar con el fomento del mercado hipotecario a través del fideicomiso”.
De igual forma, los representantes de Ciudad Alternativa precisaron que con la decisión de expandir la oferta a dominicanos residentes en el exterior, el Gobierno demostró que, efectivamente, la población residente en el país no puede acceder al proyecto por sus altos costos.
Indicaron que para el próximo año, el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) solo recibiría una asignación presupuestaria ascendente a RD$1,058.7 millones, cifra que apenas representa un incremento absoluto de RD$239.4 millones, en relación al monto asignado en el año 2019.
Ante estos números el colectivo señala que, en los últimos tres años, el desempeño del Invi en materia de producción de nuevas viviendas ha ido en picada.
Explican que el ritmo de construcción en los primeros 5 años de gestión (2012-2017) ascendía a por lo menos 1,200 vivienda por año. Sin embargo, en 2018 apenas se reportaron 348 viviendas nuevas construidas y en 2019 escasamente van 329 viviendas durante el período enero-septiembre. Por lo tanto, hoy día el Gobierno construye tres veces menos viviendas que en 2017, expresaron.
Destacan que en los últimos dos años el Invi, se ha dedicado más a repartir estufas y tanques de gas que a construir viviendas para paliar el déficit habitacional. Mientras esta institución se resquebraja, agregan las demás instituciones públicas que duplican sus funciones actúan a sus anchas gastando dinero público que debería estar enfocado en vivienda digna.
En este sentido, Rafael Jóvine explicó que el caso más emblemático lo constituye el Instituto de Auxilios y Vivienda, institución que, a pesar de su nombre, apenas dedicará en el 2020 un 2% de su presupuesto de RD$471.5 millones a labores de reparación de viviendas.
También figura un año más, con RD$1.8 millones, el caso del denominado Consejo Interintitucional para Coordinación Viviendas (Civiviendas), “institución fantasma dentro de la política habitacional”.
A esto se le suma, expresó los fondos con los cuales “se queda Obras Públicas (unos RD$180 millones) para hacer construcciones discrecionales de viviendas a nivel nacional, al margen del plan plurianual”.
Peor es el caso, dijo, del proyecto habitacional de El Riito, en La Vega, el cual es realizado por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Pide investigación casos fideicomiso
El economista Rafael Jóvine pidió a las autoridades correspondientes investigar la denuncia de que algunas viviendas lujosos han sido adquiridas mediante el programa de fideicomiso de manera irregular y en violación a la ley.
“No se pueden quedar en el aire las denuncias realizadas de que hay proyectos que se han colado, sin ser, como de bajo costo, inclusive, con piscina. Es necesario que se evalúen y tener en cuenta que para aplicar en el fideicomiso, las unidades de los proyectos habitaciones deben tener un precio de menos de RD$3.5 millones. Es una línea de crédito, al final, se deja recibir dinero del fisco que puede ir destinado precisamente a la construcción de viviendas dignas”, precisó el joven profesional.
De igual forma, advirtió que se mantendrán vigilantes y darán seguimiento a esta situación para detectar situaciones similares que puedan darse en un futuro.
Asimismo, durante su intervención en el almuerzo, Jóvine lamentó que personas sin escrúpulos se presten para este tipo de hechos dolosos.