El país tiene médicos, bomberos, policías y otros servidores públicos no burocráticos muy mal pagados. Sus bajos ingresos influyen de manera negativa en la calidad de vida y, por consecuencia, de su trabajo, independientemente de la vocación del servidor. La relación costo/resultado es deprimente.

La insuficiente remuneración contrasta dramáticamente con los ingresos que paga el Estado a la burocracia y a servidores en posiciones electivas, como legisladores, alcaldes, regidores y otros. Aquí, el pago de una remuneración alta no retribuye al Estado en la proporción justa de calidad de servicios. Nuevamente la relación costo/resultados resulta onerosa.

El país tiene graves deficiencias en servicios básicos. El suministro de energía eléctrica no podría ser peor ni más costoso. Su inestabilidad e intermitencia, y el hecho de que durante los apagones hay que buscar fuentes alternativas, infla el costo que debe pagar el usuario.

El Estado invierte cada año miles de millones de pesos en infraestructura y sueldos para la educación, pero la calidad de la enseñanza es pésima. Así ocurre con los servicios de salud, transporte, preservación del ambiente y otros.

No tenemos un gasto público excesivo, sino insuficiente y por demás mal administrado y distribuido.

Si pagáramos lo justo a policías, médicos, bomberos y maestros, el gasto público superaría con mucho las cifras actuales, pero la relación costo/resultados sería positiva, pues mejoraría la calidad de los servicios y de vida de la gente. El gasto público más alto que el actual sería más beneficioso en términos económicos y sociales. El actual resulta oneroso no por razones cuantitativas, sino cualitativas. El gran déficit del gasto público actual es de calidad en sus efectos sociales.