Un informe elaborado por técnicos del Banco Central señala que los ejercicios presupuestarios que arrojan déficits con importantes desvíos de las metas anuales, tienen consecuencias sobre los principales indicadores macroeconómicos y de deuda, a la vez que pueden afectar la credibilidad de las políticas públicas y atentar contra la estabilidad económica.
El informe, publicado en Página Abierta, recuerda que en el marco del ciclo electoral en 2012 hubo una fuerte expansión del gasto público, particularmente en el renglón de gasto de capital que alcanzó un 6.5% del PIB, casi duplicando su nivel del año anterior.
Agregó que el aumento de la inversión pública, unido a un incremento del subsidio eléctrico y a recaudaciones menores a las estimadas, resultó en un déficit de 6.7% del PIB para el Gobierno central, el mayor nivel alcanzado en las últimas dos décadas.
Tras indicar que se ha discutido a nivel de la opinión pública nacional si los déficits del Gobierno constituyen, por sí solos, un problema de carácter jurídico, administrativo y/o social, el informe explica, no obstante, que es evidente, que un déficit público, por el simple hecho de contener un nivel de gasto mayor a las recaudaciones fiscales, no puede tipificarse, necesariamente, como una falta grave con consecuencias legales. “De hecho, cuando el déficit está consignado en el Presupuesto e identificadas sus fuentes de financiamiento, no existiría ningún problema de consideración”, expresa.
Explica que, más que un problema jurídico, administrativo o social, el déficit público es un problema económico. Tomando en cuenta la reacción de la política fiscal ante la realidad internacional vigente en el periodo 2009-2012, se puede colegir que la política monetaria actuó de forma diferente en dos etapas.
El informe indica que en una primera etapa, 2009-2011, ante déficits fiscales aún manejables, la política monetaria operó con amplios grados de libertad concentrándose en la trayectoria futura de la inflación y en la evolución de variables como el crédito privado y la demanda agregada para tomar sus decisiones de tasas.
En la segunda etapa, iniciada en 2012, la política monetaria se vio condicionada por la política fiscal, ya que debió enfocarse en realizar los ajustes correspondientes ante cualquier impacto que el ciclo electoral pudiese tener en el gasto público y la inflación.
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Política fiscal
Existen dos visiones encontradas para explicar el rol que debe jugar la política fiscal en períodos de crisis. Un grupo de economistas de visión nueva keynesiana sostiene que, en el corto plazo, una política fiscal expansiva es un instrumento efectivo para mitigar los efectos de la crisis sobre el mercado laboral y los principales indicadores sociales. Por otro lado, más en línea con la visión nueva clásica, otros economistas argumentan que una mayor disciplina fiscal que haga más sostenible la deuda contribuirá en el mediano plazo a una recuperación económica más duradera.