Hoy 
De una vez por todas, procede que la Dirección Nacional de Control de Drogas y/o quienes le fijan mandatos, emitan informaciones regulares (cuya divulgación no entorpezca investigaciones) sobre comportamientos en sus filas y la forma en que se persigue nacionalmente el tráfico de substancias prohibidas, una tarea del más alto interés público de cara a un comercio y consumo de gran daño a la sociedad. Ningún velo debe cubrir la realidad de que los agentes contra estos crímenes están expuestos al poderío de organizaciones criminales tradicionalmente dispuestas a vencer a sus adversarios mediante balas o dinero. Ahí están los registros nacionales e internacionales de casos.
El personal antidrogas, incluyendo departamentos policiales, debe ser capaz de resistir cualquier intento de comprometerlo, ahora que impactantes denuncias sobre conexiones y cobros de peaje al microtráfico y otras supuestas componendas peores sacuden la opinión pública. La verdad de todo debe ser buscada y quedar a la vista. Anteriores administraciones de estas agencias del Estado aplicaron purgas de envergadura en sus tropas a partir de sospechas legítimas o hechos concretos de vinculación con el narcotráfico. En Paya, Punta Cana, La Romana y en otros sitios la lucha contra las drogas desarrollada por estas entidades y otras ramas armadas, sufrió reveces ante el bajo mundo, episodios que siempre causan alarma.
Anticipos que a todos duelen
El cobro anticipado de impuestos a utilidades que, aun siendo previsibles no llegan a lo concreto y definitivo para ser gravadas, debería entrar ya en proceso de extinción para amplios sectores. Se trata de un mecanismo recaudador precoz contra las posibilidades de incurrir en evasión. El efecto es negativo para las empresas que tardan en lograr liquidez aunque produzcan y comercialicen muchos bienes que deben vender a crédito tras, a su vez, haberse endeudado parcialmente para operar.
Se trata de «éxitos» pendientes de ser confirmados con monedas contantes y sonantes». Se entiende que la presión tributaria es baja, pero muchos agentes productivos imposibilitados de eludir obligaciones tributarias son forzados a pagarle a un Fisco que no suele aceptar circunstancias atenuantes para devolver lo que recaudó.
