Por EVARISTO RUBENS
El presidente de la Fundación Tributaria Dominicana, licenciado Felipe Hernández Paulús, popugnó por el reconocimiento del papel que tienen el asesor y el consultor tributario en el país.

Dijo que algunos asesores tributarios en su condición de  contadores públicos en algún momento se han visto afectados por una resolución de la Superintendencia de Bancos que les impuso en los exámenes de las entidades financieras y bancarias firmar una declaración en la que conozcan o no hechos que dan por conocidos en función de actividades que pudiera tener el contador o la firma de auditores sobre la base del lavado de activos.

Indicó que con la firma de ese documento, el contador es pasible de ser sancionado penalmente, conozca o no del lavado de activos de una empresa o institución que asesore.

Hernández Paulús señaló que obviamente, el dictamen del contador tiene su uso, propósito y alcance específicos.

Por eso, afirmó que “somos de opinión que los contadores públicos no deben firmar esa declaración que le está exigiendo la Superintendencia de Bancos, porque con ella los está incriminando”.

Expresó que él está seguro de que “ninguno de los funcionarios de Superintendencia de Bancos para entrar a esa posición firmó una declaración de que conocía o desconocía los fraudes que se han estado dando o se pudieran dar en los bancos”.

El presidente de la Fundación Tributaria Dominicana manifestó que la resolución a que hace referencia data del 2004 y que recientemente la Superintendencia de Bancos estuvo presionando a los contadores públicos para que firmen la declaración.

Precisó que con esa resolución lo que se está es incriminando a los contadores de que conocen hechos o situaciones que realmente no conocen, como es lo relativo a la consecuencia de la Ley de Lavado de Activos.

Consideró que lo que las autoridades están buscando con esto es a “un chivo espiatorio y hasta la liquidación del sector de contadores”.