POR GERMAN MARTE
La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal dominicano para interpretar la constitucionalidad o no de una ley o un decreto, consideró ayer el director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Asimismo, Luis Henry Molina alegó que el ciudadano no puede estar desprovisto de un acceso a la justicia.

 “No puede negársele justicia y decirle a la Suprema Corte que ante un pedimento no puede pronunciarse. La Suprema tiene que pronunciarse so pena que se le acuse de negación de justicia”, sostuvo.

Molina hizo la afirmación cuando se le pidió su opinión sobre el planteamiento del presidente Leonel Fernández,  de que la Suprema Corte no se puede atribuir facultades que están fuera de las previsiones de la Constitución, como el poder de anular decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo, ya que la Constitución vigente sólo la autoriza a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes.

Al participar como invitado especial en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Molina explicó que en el mundo hay dos sistemas de control constitucional: el concentrado y el disperso.

En el primero –apuntó-  se establece que un tribunal constitucional sea el que conozca todo lo relativo a la Constitución, mientras que en el sistema difuso, que surge en Estados Unidos, es la Suprema Corte de Justicia que tiene la palabra.

Explicó que en la República Dominica se aplica a la vez un sistema de control constitucional difuso y concentrado.

Se trata, según Molina, de un sistema mixto, porque el control difuso funciona en todos los tribunales dominicanos, en tanto que el concentrado se da en la Suprema Corte de Justicia.

Señaló que la teoría de la separación de los poderes de Montesquieu lo que busca es un balance y un control entre los mismos.  Al respecto, Molina señaló que la sociedad dominicana tiene que decidir si realmente quiere un balance entre los poderes o si quiere centralizar en un poder o dos o tres.

“Eso no es malo ni es bueno. Las constituciones son lo que los detentadores del poder quieren que sea”, expresó Molina, quien agregó que “es duro, es triste,  el reflejo de la detentación del poder en una sociedad”.

Consideró que el país tiene “lo mejor de los dos mundos”, una mezcla de sistema concentrado y difuso, “que les garantiza los derechos a los ciudadanos”.

Dijo que en este modelo surgió para proteger los derechos del ciudadano, no los del Estado.

En cuanto al ingreso a la carrera judicial, dijo que la Suprema Corte no designa a ningún juez, sino que esto se hace mediante concurso público de antecedentes y oposición.

 Añadió que en los jurados de los concursos hay profesores universitarios y un solo juez, para que no se diga que están maniatados. En un encuentro con periodistas el pasado martes, el presidente Fernández dijo que aún se requiere más rigurosidad en la selección de los jueces y mantener un programa permanente de formación.

Asimismo, consideró que todos los jueces deberían ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que de esa forma los magistrados contarían con un mayor grado de independencia y en ningún caso les deberían favores a los jueces de la Suprema Corte.

Molina dijo que a pesar de que el poder constituyente es soberano, cuando se modifica la Carta Magna se deben evitar introducir “parches”.