NUEVA YORK (AP) .- Los centros de detención de indocumentados y solicitantes de asilo en Estados Unidos podrían ser ampliados a pesar de que, según los críticos, albergan a miles de extranjeros en las malas condiciones, tienen un costo excesivo y están mal regulados.

Los proyectos de ley sobre inmigración que actualmente se encuentran en el Congreso añadirían muchos miles de camas a la red de instalaciones de detención, si es que son aprobados.

«No estoy en contra de la seguridad interna’’, comentó Edward Neepaye, un pastor y activista de los derechos humanos de Liberia que fue detenido en Nueva Jersey durante cuatro meses.

«Pero la nación más grande sobre la tierra debe poner un remedio que conceda a los inmigrantes algo de respeto, en lugar de arrojarlos a cárceles como si fueran animales’’, agregó Neepaye, quien contó con el apoyo de contactos estadounidenses para reducir su reclusión.

El sistema, supervisado por la oficina de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), retiene por día a unas 21.000 personas, en su mayoría durante varias semanas y a otras por años. Algunos, como Neepaye, son solicitantes de asilo; otros son inmigrantes ilegales o extranjeros que tenían tarjetas de residencia en Estados Unidos pero enfrentan la deportación por tener problemas con la justicia.

En el curso de un año más de 200.000 personas pasan por cualquiera de los tres tipos de esas instalaciones: ocho administradas por la ICE, seis por empresas privadas y 312 prisiones municipales que tienen lucrativos contratos federales y albergan a casi el 57% de los detenidos.

Grupos que defienden los derechos de inmigrantes consideran que se trata de un sistema hacinado que resulta caro y difícil de regular. El costo promedio diario por detenido es de casi 90 dólares, de acuerdo a la ICE, muy por encima del costo por interno en las prisiones federales y estatales.

«La ICE no ha hecho un buen trabajo con las instalaciones que maneja directamente, mucho menos con las que concesiona’’, dijo Judith Greene, especialista en prisiones. «Hablar de duplicar o triplicar el sistema, sin algún tipo de reestructuración, es la receta de una pesadilla’’, indicó la experta de Nueva York.

El ICE defiende su desempeño al decir que ha reducido el lapso promedio de detención de 90 a 20 días con la agilización del procedimiento de deportación.

En el Congreso, las críticas al sistema de detención tuvieron poco impacto, pues las dos cámaras propusieron expansiones significativas de los centros en sus proyectos de inmigración. La iniciativa del Senado, aunque más moderada en algunos temas, planteó el mayor incremento: veinte nuevas instalaciones con 20.000 camas.

El Departamento de Seguridad Interior, que dirige a la ICE, afirma que necesita 35.000 camas más para retener a todos los indocumentados en espera de la deportación.

Los detenidos, sin la calidad de ciudadanos, no tienen derecho automático a apoyo legal. La mayoría, formada por indigentes y sin contactos locales, depende de la escasa ayuda gratuita o llevan el trámite sin ésta, lo cual reduce sus posibilidades de ganar apelaciones.

A petición de demócratas de la Cámara de Representantes, la Oficina General de Fiscalización decidió este mes investigar el supuesto maltrato a detenidos y examinar la forma en que la ICE revisa las condiciones en que están. Han existido numerosas quejas de mala atención nutricional y médica.

Los críticos del sistema plantean que sólo los indocumentados de alto riesgo deberían estar confinados y que la mayoría de los detenidos podrían ser liberados, con un enorme ahorro, si la ICE ampliara los programas piloto que han logrado _con una estrecha supervisión_ persuadir a las personas para que sigan sus casos en las cortes.

«Es escandaloso cómo tanta gente está detenida sin necesidad de estarlo’’, dijo Judy Rabinowitz, del grupo American Civil Liberties Union («Unión Estadounidense por las Libertades Civiles’’).