POR PEDRO GERMOSEN
El director del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) y 26 de 28 entidades y personalidades que expusieron en las vistas públicas sobre la reforma fiscal defendieron ayer el mantenimiento del impuesto del 25 por ciento al jarabe de maíz, en defensa de los azucareros y otros productores agrícolas del país.

Entretanto, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y la Cámara Americana de Comercio reclamaron la eliminación del citado gravamen para no afectar compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana y Estados Unidos.

Durante la jornada encabezada por el presidente de la comisión especial del Senado, Tommy Durán, de Puerto Plata, los participantes exigieron a los miembros del Senado que aprueben la reforma fiscal sin enmiendas.

El senador Pedro Alegría, de San José de Ocoa, consideró que en todo caso debe primar el interés nacional frente al foráneo, por lo que votará, sostuvo, por la iniciativa tal y como la sancionó la Cámara de Diputados.

Entre los defensores del impuesto expusieron el director del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), Faustino Jiménez, quien sostuvo que el Congreso está en el «ineludible deber» de proteger al productor nacional.

Significó que la aprobación del gravamen del 25 por ciento a los refrescos y jugos enlatados que utilicen el sirop de maíz como edulcorante constituye la oportunidad de que el sector azucarero siga operando.

El funcionario gubernamental expresó que no se puede obedecer a intereses extranjeros para matar un sector del que viven miles de familias dominicanas.

A favor del impuesto del 25 por ciento al jarabe de maíz también expusieron Campos de Moya, de la Casa Vicini; el doctor Pedro Manuel Casals Victoria, Jimmy García, del Consorcio Azucarero; Irving Arredondo, del Central Romana; Cesáreo Contreras, presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados, y Elfrida Pimentel, secretaria de la Junta Agroempresarial (JAD).

También respaldaron la aprobación sin enmiendas del proyecto de reforma fiscal, Miguel Jiménez, de la Asociación de Colonos del Central Romana; Luis Viyella, del Comité de Emergencia Agropecuaria; Victorio Valerio, de la Federación Nacional de Productores de Arroz, y el ingeniero Julio Maríñez.

Por su lado, Teodoro Hidalgo, en representación de la firma León Jimenes, respaldó la aprobación de la reforma fiscal tal y como la sancionaron los diputados, aunque consideró que tanto el ron como la cerveza deben ser gravados por su contenido alcohólico y no mediante el impuesto selectivo al consumo.

Por su lado, Carlos Beras, de la Asociación de Fabricantes de Ron, dijo que el gravamen al sector favorece a los productores de cerveza y resulta lesivo a los productores de bebidas espirituosas.

Consideró que la aplicación de un impuesto ad-valorem sería más justo y apeló a la sensatez de los senadores para hacer más equitativa la reforma fiscal.

Advirtió que como están previstos, los gravámenes a los fabricantes de ron constituyen una «estocada mortal» a esa industria autóctona.

Al intervenir, Adriano Bordas, de la firma Isidro Bordas, se quejó de que la reforma fiscal consigna un impuesto selectivo al consumo a los vinos de frutas nacionales superior al de los vinos de uva extranjeros.

Bordas pidió que al menos la aplicación del selectivo al consumo sea igual para los dos tipos de vino.

Por su lado, Campos de Moya, de la Casa Vicini, dijo que esa empresa emplea a más de 20 mil personas que irían a las calles en caso de que se elimine el arancel al jarabe de maíz.

Significó que si se elimina ese impuesto, unas seis mil toneladas de azúcar serían sustituidas por edulcorante de maíz.

Al agotar un turno, Irving Arredondo, del Central Romana, resaltó que Estados Unidos subvenciona a sus productores de maíz con US$6,500 millones anuales y, a pesar de ello, sostuvo, República Dominicana abre su mercado a las importaciones de ese rubro, en perjuicio del sector azucarero nacional.

Advirtió que la industria azucarera criolla no cuenta con mecanismos para competir en esas condiciones y acusó a Estados Unidos de utilizar un mercado de «dumping» para colocar aquí excedentes de una producción norteamericana altamente subsidiada.

Al intervenir, Cesáreo Contreras, de la Asociación de Hacendados y Agricultores, felicitó al embajador norteamericano Hans Hertell por defender a los productores norteamericanos y, asimismo, exhortó al Congreso a hacer lo propio con los de aquí.

Resaltó que Hertell constituye un «brillante ejemplo» que debe ser imitado por los senadores en defensa de los productores criollos azucareros y agropecuarios en sentido general.

Advirtió que la aplicación de un TLC injusto no sólo haría desaparecer a los productores de azúcar, sino también a los de arroz, carne de res, cerdo, pollo y de otros rubros agropecuarios.

También respaldaron el impuesto del 25 por ciento al jarabe de maíz el vicepresidente de la Compañía Central Consuelo, Jimmy García Saviñón, quien dijo que esa empresa emplea a unos 10 mil trabajadores.

Expresó que los negociadores criollos dejaron a un lado la protección del sector productivo, a cambio de una pírrica cuota de exportación de 10 mil toneladas de azúcar hacia el mercado mundial, que paga un precio, afirmó, equivalente al 50 por ciento del costo de producción de los azúcares criollos.

También favoreció el proyecto como lo aprobaron los diputados Gilberto Cornielle, presidente de la Federación de Colonos Azucareros; Enriquillo Rivas, de la Asociación Avícola; Próspero Juan y Pompilio Roché, sindicalistas del Central Romana.

Al intervenir, Arturo Peguero, de ADOZONA, pidió la exclusión del impuesto del 25 por ciento a fin de no violar los compromisos del país con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Afirmó que ese gravamen constituye un discrimen en contra de las importaciones de edulcorante.

Por su lado, David Fernández, de la Cámara Americana de Comercio, dijo que además de compromisos con la OMC, el impuesto violaría el TLC y dijo que la entidad que representa busca una fórmula de avenencia sin perjuicio de lo acordado con la OMC y del citado convenio.

Durante la sesión de vistas públicas, que empezó a las 10:30 de la mañana y concluyó dos horas después, centenares de personas colmaron el salón de la Asamblea Nacional, en un abierto respaldo a los productores nacionales.