POR SOILA PANIAGUA
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) debe abocarse a eliminar la doble filiación lo antes posible, afirmó el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), doctor Bernardo Defilló, quien consideró necesaria la solución de ese problema para la correcta implantación del Plan Familiar de Salud.

De acuerdo a Defilló, las personas que no tengan una filiación definida no podrán ser incluidas en el Plan Familiar de Salud, previsto a entrar en vigencia en octubre próximo,  por lo que se quedará para una segunda etapa de ese importante servicio, hasta que se defina su situación.

El Instituto de Seguros Sociales (IDSS) tiene afiliados alrededor de 216,000 personas, mientras que las demás Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tienen unas duplicaciones entre ellas mismas ascendentes a 32,000 personas.

“Entre las Administradoras de Riesgos de Salud, entre ellas, hay una duplicación que puede estar en alrededor de 4.7% y 5.1% de toda la matrícula afiliada”, dijo el doctor Defilló al participar en el Encuentro Económico del periódico HOY.

Se atribuye esa situación, entre otras causas, a que algunos empleados están registrados en varias ARS, tal es el caso del esposo que se registra en la empresa donde labora y lo mismo hace su cónyuge, e inclusive, algunos registran también a los hijos, por lo que entiende que los organismos correspondientes deben abocarse a solucionar esa situación.

El funcionario reiteró que las personas que no estén definidas en una filiación se quedarán para una segunda etapa en lo que es el Plan Familiar de Salud. Actualmente, en el país hay un millón 542, 201 personas afiliadas en las 18 compañías que prestan servicios de salud que ya fueron aceptadas, incluidos los que están repetidos en el IDSS.

De esa cantidad, hay válidos, o sea que pueden recibir los beneficios del Plan Básico de Salud, un millón 274,285 personas, los cuales pueden elegir los prestadores de servicios de salud que más les convenga.

Expresó el doctor Defilló que el Estado sólo tiene asegurado el 60% de sus empleados, porque los demás servidores, principalmente los ayuntamientos, no han tenido la oportunidad de hacerlo y lo atribuyó a la falta de recursos para cubrir ese tipo de servicio.

Defilló también dijo que el 70% de la población dominicana no tiene ningún tipo de aseguramiento, lo que implica un reto para el país.

La población nacional está clasificada por administradoras de riesgos y por grupos de edad, lo que significa que cada seguro médico o compañía de iguala, puede establecer su política o estrategia acorde con los grupos de edades que tenga afiliados, lo cual los tiene clasificado por región, provincia y hasta por tipo de enfermedades que predominan.

Dijo que en el actual presupuesto y en el del año próximo están consignados todos los recursos que se requieren para la implementación de la seguridad social.

“El gobierno ha aportado por primera vez en la historia del país todos los recursos económicos a tiempo para cumplir con lo que se comprometió. Se han aportado más de RD$1,600 millones en menos de un año”, dijo.

Puntualizó que no hay excusas económicas ni se debe atribuir al Estado la responsabilidad que tienen otros y quieren culpar a las autoridades.

Dijo que existe un subsidio adicional para las personas pobres que están incorporadas al Seguro Nacional de Salud (SENASA) por un monto de RD$40 millones mensuales, los cuales se entregan regularmente.

No obstante, lamentó que por falta de una estructura operativa adecuada en esa área pública de servicio, se haya acumulado hasta la semana pasada más de RD$204 millones a los cuales no se les está dando ningún uso.

“Ahora tenemos que la Seguridad Social posee las mejores empresas de inversión del país, pero con dinero que no se usa, mientras existen carencias económicas tremendas y falta de atenciones para las personas”, dijo Defilló.

Explicó que todos los empleados públicos, incluyendo los de la SISALRIL- tienen que ir a la SENASA, pero que por razones varias del sistema, en estos momentos pueden recibir servicios.

Adelantó que los primeros que se afiliarán a la SISALRIL, son los empleados públicos, porque ya están registrados, pero aclaró que los servicios serán ofrecidos por las mismas empresas que lo están haciendo ahora, hasta que la SENASA esté lista para cumplir.

“En la etapa Uno entrarían los empleados públicos y sus dependientes, en un período provisional, que incluiría el trimestre octubre diciembre, cuando se haría una evaluación del proceso y si las condiciones son favorables y SENASA se preparó entonces, empieza la transferencia”, explicó.

Dijo que las empresas privadas ya no serán todas las que están, sino las habilitadas por la SISALRIL, que hasta ahora son 18, y que las demás, si no adquieren las condiciones para trabajar y el número de afiliados que les permita sobrevivir económicamente, tendrán que fusionarse o desaparecer.