MANAGUA (AFP).- La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, que suscribieron 30 países americanos, definiría ayer en Managua mecanismos que faciliten la investigación, persecución, extradición y recuperación de bienes malhabidos por personas acusadas de corrupción.

Las medidas contemplan regulaciones que permitirían a los gobiernos perseguir y castigar los delitos de enriquecimiento ilícito, soborno internacional y lavado de dinero con fondos públicos establecidos en la convención, afirmó a la AFP el procurador Penal de Justicia de Nicaragua, Iván Lara.

Las propuestas incluyen procedimientos que faciliten la extradición, levantamiento del secreto bancario, la asistencia legal e intercambio de información para perseguir a los funcionarios o particulares vinculados a actos de corrupción.

Uno de los puntos que obtuvo mayor consenso entre los representantes de los países que participan en el evento fue el levantamiento del sigilo bancario, alrededor del cual se estarían implementando «formas y términos específicos» de atención a las solicitudes que hagan los gobiernos respectivos.

La iniciativa busca agilizar la localización de los bienes y dinero ilícito que son desviados al extranjero y gestionar su repatriación al país de origen.

Los Estados parte de la convención analizaban además la posibilidad de aplicar una «orden de captura única», válida para todo el continente, contra las personas que delinquen contra la administración pública, iniciativa que enfrentaba, sin embargo, limitaciones propias de las legislaciones nacionales.

Uno de los puntos más polémicos fue el tema de la extradición, debido a que muchos países prohiben la entrega de sus propios ciudadanos.

La OEA plantea, sin embargo, crear las condiciones legales para que los delitos de corrupción y los procedimientos de persecución consagrados en la convención, sean adecuados paulatinamente a las legislaciones nacionales para su debida aplicación, señaló el procurador nicaragüense.

Las acciones adoptadas en Managua están encaminadas a dar los primeros pasos en la lucha contra este flagelo, y evitar, ante todo, que el territorio americano «sea refugio de prófugos de la justicia por actos de corrupción», señala un proyecto de declaración.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue firmada en Caracas en 1996 bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a los problemas de gobernabilidad y pobreza que enfrentan los países del continente por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Se estima que el 44% de la población del continente americano vive debajo de la línea de la pobreza y el 20% bajo la línea de pobreza extrema, debido, entre otros factores, a que los recursos que se destinan a mejorar la calidad de vida son desviados o malversados en actos de corrupción, según un documento de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

De acuerdo con el Indice de Percepción de Transparencia Internacional de 2003, Haití, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Argentina y Nicaragua son los países con mayores niveles de corrupción.