Hoy 
POR LUIS H. VARGAS
En el primer trimestre de 2005, en comparación al último cuatrimestre de 2004, la tasa de desocupación salarial ascendió dramáticamente por la poda de decenas de miles de puestos de trabajo en los sectores privado y público, en tanto la producción bruta real amenaza con hundirse en el pantano de la depresión, puesto que arrojó una tasa de incremento negativa de 16,74%. En cuanto a los precios, en base a 1999=100, el índice reculó de 251,38 en agosto de 2004 a 245,88 en marzo del año en curso.
Cada día las autoridades gubernamentales declaran que la implementación de las intervenciones gubernamentales recesivas y deflacionarias constituye un éxito económico o un mal necesario, a sabiendas de que el propio Fondo Monetario Internacional -FMI- publicó, en abril de 2003, el estudio «Deflation: Determinants, Risks and Policy Options…», en el cual critica las políticas de reducciones de los niveles de precios que no se sustenten en incremento de tasas de productividad. Concretamente, en dicho informe se asevera que la Reserva Federal cometió el error de considerar como «necesario» el «colapso inicial en precios y demanda», ocurrido en la depresión de 1929-1933, «para corregir excesos» generados en años anteriores (cf. p.17).
En vez del gobierno de Fernández reconocer públicamente que la recesión y la deflación resquebrajan la política presupuestaria porque contraen los recaudos fiscales y los gastos internos, prefiere difundir la falsa información de que la economía goza de recuperación económica y la sociedad disfruta el progreso social.
La prueba palpable de que el país sufre una caída en económica se revela en las cesaciones oficiales de pagos de deuda, cuyas negociaciones de reestructuración apuntan más bien a repetir futuras suspensiones de paga y no a la búsqueda de soluciones beneficiosas a República Dominicana. Al día de hoy, al Estado dominicano sólo le falta declarar default frente a los organismos multilaterales, pues ya asumió la incapacidad de cumplimiento de obligaciones financieras de más de 2,750 millones de dólares con estas diferentes entidades acreedoras: 400 millones con las empresas generadoras de electricidad -EGE-, 450 millones con el Club de París, 800 millones con bancos transnacionales y 1,100 millones con los tenedores de bonos soberanos. En esta situación de impagas de pasivos, no debe sorprender entonces que las agencias de calificación le cuelguen al país la peor nota o (D)efault..
La gestión gubernamental de la moneda nacional da cuenta principalmente de la sequía de la fuente de liquidez monetaria a las empresas y familias que lleva a cabo el Banco Central a través de colocaciones crecientes de certificados de inversión. Este tipo de operación de mercado secundario sirve para recolectar las emisiones de dinero orgánico e inorgánico, fruto de la monetización de los saldos netos de flujos de divisas, la financiación interna por auxilios bancarios, la paga de intereses de tales papeles en circulación y la recompra de divisas para acumular reservas internacionales. Así el superávit primario en moneda nacional generado en cuentas interiores se intercambia por divisas acumuladas en las cuentas exteriores, con la clara finalidad de cumplir con honras de obligaciones contraídas con prestamistas extranjeros.
La intervención de la administración del gobierno en el cambio de la moneda nacional por otras monedas internacionales consiste básicamente en la apreciación del peso contra el dólar de Estados Unidos y el euro de la Unión Europea, por medio de las mochas aludidas de la demanda interna y la masa monetaria, a fin de transferir renta de agentes generadores de dólares (remesadores residentes en el extranjero y negocios exportadores, turísticos y zonafranqueros) a agentes captadores de tales divisas (acreedores internacionales, bancos locales, deudores nacionales, inversores transnacionales y especuladores domésticos).
Esta transferencia de recursos significa efectivamente una carga tributaria, impuesta injustamente por gobierno central a los primeros agentes en provecho de los segundos, que a final de cuentas, por un lado, deprime el fondo de consumo de incontables familias, con consecuente repunte del índice de pauperización popular, y, por el otro, comprime el fondo de inversión de muchas compañías con consiguiente escalonamiento del número de quiebras empresariales.
Las mismas autoridades del Banco Central han planteado públicamente de que la caída de la tasa cambiaria de RD$42 a RD$28 por US$1 ha implicado, hasta fines de abril del corriente 2005, un ahorro presupuestal de 10 mil millones de pesos por concepto de paga de empréstitos foráneos, pero callan que esta expropiación de renta de las carteras de las familias pobres en el extranjero y las cuentas de las empresas exportadoras en el país es un mecanismo ilegal, anticonstitucional y lesivo al desarrollo nacional.
CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS
La actual crisis nacional de la economía se caracteriza por un declive continuo de la tasa de rentabilidad, a causa del alcance simultáneo de sobreinversión de capitales con subconsumación de masas, registrado en años pasados. De ahí que en los dos últimos años, 2003 y 2004, esta plétora de capitales haya hecho declinar la inversión fija en -12,6% y -6,2% y la capacidad de consumo total haya evolucionado pobremente en -10,3% y 2,4%, o sea, por debajo en 10,3% y 8,1% de la cota lograda en 2002.
La alta tasa de inversión y la baja tasa de consumo dan lugar generalmente al achicamiento de la utilidad económica promedio, a raíz de las subidas de los costos de producción y las bajadas de los valores de venta. Peor aún, este movimiento en sentido contrario entre costes e ingresos puede degenerar hasta quiebra inevitable o cierre definitivo de empresas.
El costo unitario tiende a subir por exceso de capacidad instalada realizada por sobreinversión de capitales en la fase expansiva del ciclo económico, mientras el precio por unidad describe una curva declinante, como resultado de la combinación de la erosión de la masa salarial real, la resuba de la presión tributaria para pagar adeudos exteriores y la competencia lanzada por las mercancías importadas, sobre todo verificada en esta etapa de recesión y deflación que atraviesa la economía del país.
Si bien es cierto que la compresión de los costes salarial e importado, por motivos sucesivos de aumentos del índice de desempleo y baja del tipo de cambio, ejercen una presión hacia abajo del costo promedio mercantil, no menos cierto es que esta ventaja se anula con creces por la presión desencadenada hacia arriba de los costes medio fijo y financiero, ante el bajón de los volúmenes y valores de venta.
Estas declinaciones de la tasa cambiaria y la tasa inflacionaria, lo que es igual a valorización del peso dominicano y devalorización de los productos mercantiles, bloquean al mismo tiempo la fase de recuperación de la actividad económica y productiva orientada a los mercados interno y externo.
El decrecimiento de los niveles de precios expresa la contracción del mercado interior tanto por la reducción de la demanda consuntiva de los trabajadores y la demanda inversora de los empresarios, como por la competencia ventajosa de las mercaderías importadas frente a las similares criollas, producto de la apertura unilateral del mercado extranjero y el canje barato de dólares o euros por pesos.
Por igual, el acrecentamiento del valor del peso en términos del dólar o euro degrada los niveles de competencia escalados por los negocios nativos en los mercados internacionales, puesto que los precios de los bienes y servicios mercantiles se encarecen o los compradores tienen que desembolsar más dólares o euros por unidad de mercancía en relación al período de existencia de devaluación de la moneda nacional.
Nadie puede negar que la falta de competitividad de las mercancías criollas en los mercados internos y externos obedece a las raquíticas tasas de productividad que acusan muchísimas empresas criollas y extranjeras en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional; pero también hay que indicar que tal carencia empeora, en particular durante la presente administración gubernamental, como consecuencia de ejecución de políticas monetaria, cambiaria, comercial y fiscal que apuntalan paralelamente el encarecimiento de los costes domésticos y el abaratamiento de los precios importados.
TRAMPAS DE DEFLACIÓN Y LIQUIDEZ
En la anterior etapa de expansión cíclica de la economía, las compañías percibieron tasas de beneficio por encima de las tasas de interés activo, de manera tal que la acumulación ampliada de capitales se estuvo pivoteando en la contratación acrecentada de adeudos hasta que se llegó al punto crítico de confluencia entre sobrecapacidad instalada de producción y sobrecarga de deuda con la banca, en relación ambas con las ventas mercantiles.
A partir de ese instante, la brecha entre el achatamiento de los rendimientos del capital invertido y el empinamiento de los precios de costo del dinero no ha cesado de ensancharse, de forma tal que no resulta rentable producir mercancías por las pesadas cargas de los intereses reales, tanto más la tasa de inflación decaiga más de prisa que la tasa de interés nominal.
El movimiento en sentido inverso entre progreso de los tipos reales de interés y retroceso de los valores de venta se traduce adversamente para los negocios corporativos en gravitación creciente de los pasivos sobre los decrecientes ingresos. Entre agosto de 2004 y marzo de 2005, el tipo de interés activo real promedio ponderado ha dado el brincazo del subsuelo de 19,56% con signo negativo al cielo de 24,62% con signo positivo. En estas condiciones, tanto las empresas productivas como las bancas comerciales no han tenido otra salida que adoptar medidas de asunción de la crisis, las cuales se manifiestan como recomposiciones respectivas de las hojas de balance empresarial y bancario.
En el caso de las compañías, la reestructuración contable se refleja como registro de mayor proporción de la depreciación en el valor de los activos, reducción en gran medida del monto de los capitales propios y la venta a precio de vaca muerta de activos y colaterales devalorizados para cumplir urgentemente con obligaciones frente a los acreedores, fundamentalmente la banca comercial múltiple criolla.
El borrón en libros de contabilidad del exceso de precio de mercado sobre el valor contable de los activos de la empresa, particularmente de casi todo o gran parte del valor del activo intangible, implica automáticamente computar dicha pérdida en el lado del pasivo, específicamente como devalorización de los fondos y capitales propios.
Con anterioridad a la crisis, el monto de los fondos propios equivalía al de los capitales propios, pero después que ella estalla, la resta de valor de los activos intangibles, en el lado del activo, aparece a la vez en el del pasivo como provisiones, debajo de los capitales propios o poda en igual medida de los fondos propios. Por estas razones resulta increíble, en especial en el caso de empresas extranjeras, que pérdidas ya asentadas por depreciación de los activos fijos durante la devaluación del peso dominicano y, por consiguiente, aceptación de destrucción de capitales en calidad de paso de avance en la superación de la crisis, aparezcan, por la revaluación artificial de la moneda peso en tiempo presente, como ganancias por apreciación de los capitales constantes fijos.
La austeridad en el gasto privado y público empuja pendiente abajo los precios mercantiles y, en efecto, los ingresos empresariales, en la medida que las cantidades producidas tienden a sobrepasar las cantidades compradas, mas al mismo tiempo carga pendiente arriba la ratio entre los pasivos circulantes y dichos valores de venta, por la evolución aludida anteriormente del brinco de los intereses reales.
En este estado crítico, las empresas se inclinan por aumentar la demanda de crédito para liquidar pronto débitos asumidos con banqueros y proveedores, no para realizar inversiones fijas o ampliar la variación de existencias. Pero este incremento de la demanda crediticia sopla hacia arriba los tipos de interés nominales y los niveles de riesgo de la banca comercial, en una coyuntura adversa para los negocios, tanto desde el punto de vista interno como desde el externo.
En primer término, internamente, porque resulta cada vez más difícil honrar las repagas de deudas vencidas, frente al descenso en picado de los precios y ventas de mercancías, y, en segundo término, externamente, porque el decrecimiento del crédito neto de la banca comercial, el decaimiento de la emisión monetaria, el rechazo de establecimiento de acuerdos corporativos y/o de suministro de fondos líquidos de firmas internacionales con compañías nativas y, finalmente, la ausencia local de un mercado de capitales de fondeo de conversión de adeudos de corto plazo a largo plazo se conjugan para impedir el flujo de fondos líquidos a los negocios acosados por dificultades financieras.
En este lapso, los negocios y los bancos se encuentran atrapados en la trampa de deflación por deuda: las empresas productivas necesitan contratar préstamos, sin disponer de capacidad de paga, con el propósito de repagar pasivos pendientes y morosos; en tanto las entidades bancarias no pueden conceder más créditos, sino cobrar cuantiosos adeudos riesgosos, en razón del salto del portafolio de la cartera vencida y el descarrilamiento del índice de solvencia.
LA TRAMPA DE LIQUIDEZ
Igualmente, los bancos y los negocios corren peligro de acorralamiento en una trampa de liquidez en caso de que las ondas de baja de las tasas de interés no inciten la suba de las contrataciones de créditos. Este pasmo de la movilidad del capital a préstamo respondería, por una parte, a que la demanda agregada se encuentra cercada por la recesión de la producción bruta y la deflación de precios y, por la otra, a que las instituciones oferentes de fondos prestables acusan cuotas encumbradas de morosidad e incapacidades evidentes de cumplimiento de las draconianas normas sobre otorgación de préstamos estipuladas en los nuevos reglamentos financieros.
Hay que reconocer que la puesta en vigencia de este marco regulatorio de manera celosa, en atención a las condicionalidades establecidas en el recién acuerdo entre el gobierno y el FMI, presenta una disyuntiva perjudicial al sistema bancario: si la Superintendencia de Bancos -SB- exige el cumplimiento estricto de normas como fórmula de saneamiento de banca comercial, varios bancos peligran de caer en dificultades, y si la banca comercial no cumple con las normas, la SB no lograría sanear la banca comercial y, en consecuencia, aumentaría el nivel de riesgo para varios bancos. De todos modos, la opinión pública nacional tiene que saber que la primera opción se inscribe en la estrategia de los grandes bancos transnacionales de concentrar y centralizar al máximo el capital dinerario, lo cual supone el desmantelamiento en gran medida de banca comercial nacional. Sobre este punto en particular, basta con informar, por el momento, que a principios de 2006, en Estados Unidos, solamente seis bancos de cerca de un total de seis mil están en condiciones de cumplir las reglas estipuladas en Basilea II.
En definitiva, lo cierto es que la crisis de las empresas productivas se traspasa a las instituciones bancarias, tal y como puede detectarse en las reformulaciones de las cuentas de estas últimas, a fines de corregir desbalances, precaver riesgos y garantizar satisfactoriamente resultados de ejercicio.
Por ejemplo, en el estado de situación del conjunto de la banca comercial, al 31 de diciembre de 2004, se registra un excesivo valor del efectivo en relación al activo, casi 39%, y un deprimente portafolio crediticio con respecto al pasivo, cerca de 50%, al mismo ritmo que se produce un decaimiento absoluto del valor nominal de la totalidad de los préstamos pactados.
En esa fecha se confirma también el abultamiento incontenible de las inversiones en valores de los bancos, poco más del 160% del patrimonio total y 308.% del capital pagado, sin creación de las imprescindibles y urgentes provisiones, toda vez que el grueso de ellas son valores en circulación del Banco Central, con carácter inorgánico.
La presente gobernación del Banco Central han reconocido el ascenso vertical y rápido de los certificados de inversión en los pasados ocho meses. Del 16 de agosto al 18 de abril de este año 2005, tales papeles han trepado extraordinariamente desde 89 mil 438 millones de pesos hasta 130 mil 715 millones, es decir 46,2% o 5 mil 160 millones como promedio mensual. Si se toma en cuenta la encaramada probabilidad de que el Banco Central anuncie sus títulos en default, es de esperar entonces que la banca comercial sufra los embates de quiebra por su alta exposición de inversión en esta modalidad de instrumentos financieros.
Hasta el instante, el Banco Central ha lanzado tres grandes operaciones de solución de la crisis de la banca comercial, sin alcanzar resolver la crisis: primero, el auxilio con financiación interior a Baninter, Bancrédito y Mercantil; segundo, la apreciación violenta y veloz del peso dominicano con relación al dólar americano para que con menos cantidad de pesos se comprara más dólares y, en consecuencia, los deudores liquidaran sus pasivos y los accionistas cumplieran con la norma del encaje legal; y, por último, la inyección creciente de ingresos, bajo la formato de pago de intereses pasivos por certificados de inversión, a raíz de la decreciente recepción de ingresos por concepto de cobro de intereses activos a los créditos.
