UBI RIVAS
Los tres partidos del sistema político nacional no ha podido, porque no han decidido, esbozar y concretizar, por lo menos, iniciar, un masivo programa de rescate de nuestro socavado y degradado medioambiente, en 46 años que dista de la desaparición violenta del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961.

En esa fecha, se estima que las reservas boscosas del país rondaban por el 25%  y hoy apenas resta un peligroso y frágil 8%.

Fue en 1967 que el entonces presidente Joaquín Balaguer, al primer año de su primer mandato de seis, promulgó un decreto clausurando los aserraderos, sierras y sinfines, pero no respaldó un programa de reforestación de las cuencas degradadas, Yaque del Norte, la primera y más importante de La Española y la cuenca caribeña.

El mismo año de su ascenso al poder en 1966, el presidente Balaguer tramitó la solicitud de un estudio a la OEA, que realizó el ingeniero forestal peruano Humberto Tasaico, recomendándole, entre otra variantes, bajar de las cuencas hidrográficas altas a los campesinos nómadas y asentarlos en los llanos en proyectos del IAD.

No lo hizo. Pero tampoco ninguno de sus sucesores en el poder del PRD y el PLD. Ninguno. ¿O lo hizo alguno?

Tampoco ninguno regularizó el crimen de lesa patria que ejecutan inmisericorde las llamadas granceras, que socavan los lechos de los afluentes, el Nizao, Yuna, Yaque del Norte y Sur, los principales, sin que ninguna autoridad decida frenar esa barbarie que agrede terriblemente nuestros ecosistemas y contribuye a hacer desaparecer la percolación de los lechos acuíferos.

Porque tampoco ha observado el país a ningún titular de Medioambiente con pantalones, bragueta, sino a unos teóricos, come-cheques, petulantes, asustadizos (la palabra es esa misma que pensaron) e incompetentes. Todos.

Porque son los funcionarios los que hacen los cargos, no los cargos a los funcionarios, y aquí, con marcadísima frecuencia ocurre lo segundo, no lo primero. Medio Ambiente es un ejemplo gravísimo y deplorable de esa sentido al revés de lo que debe ser, y no es.

Fue la Academia de Ciencias que hace más de tres años señaló a MA más de 500 minas naturales de agregados de materiales para la industria de la construcción, y ningún grancero decidió acudir a ellas, porque estaban más distantes de sus explotaciones fáciles y gratuitas de Nizao, Yaque del Norte, Sur y Norte, Yuna, pero ningún titular de MA tampoco se lo exigió ni puso fecha para detener la barbarie, iniciando la explotación de las terrazas señaladas por la Academia de Ciencias.

Ahora el titular flamante de MA, ingeniero forestal Omar Ramírez, expuso a El Caribe (09-10-07) que contempla flexibilizar un plazo razonable a las granceras», cuando los plazos se estima perimieron, y su extensión resulta suspicaz.

Como suspicaz se percibió la perla del director ejecutivo de las Asociaciones de Productos de Agregados, el magnate Teófilo Hernández, de que «las granceras reponen los suelos de las extracciones».

¿Dónde, cuándo, cómo, desde que fecha?

Las gráficas horripilantes y que inserta el semanario Clave en su edición del día once del presente mes son patéticas alusivas a hornos para hacer carbón en los contornos de Jimaní, para trasegarlos hacia Haití.

Por su parte el subsecretario de MA, capítulo Suelo y Aguas, Víctor García, reveló a Diario Libre del 05-10-07, que «las granceras saldrán de los ríos en el plazo establecido conforme a la resolución 16-07”, que ordena el cierre definitivo de las granceras en los cauces y riberas de los ríos.

En el maremagnum de desorden que impera en el país de manera muy preocupante como altamente peligrosa, aguardemos todos el cumplimiento de la resolución 16-07.