La lucha contra el narcotráfico, en el caso nuestro, tiene el desafío de saltar las clásicas manifestaciones de manipulación política que, en el terreno de los hechos, desdibujan el combate efectivo contra un flagelo que debe convocar a todos los sectores para garantizar su efectividad. Desde el intento de transformarlo en un instrumento de descalificación partidaria, olvidaron que sus efectos nocivos agrietaron las bases de una sociedad que no parece calcular con efectividad las consecuencias invisibles asociadas a la acumulación fácil, la noción del éxito vinculada a lo estrictamente patrimonial y el afán de exhibir estilos de vidas estridentes.

El interés puramente electoral impidió una reflexión sensata alrededor de fortalecer las políticas de persecución y educación, que de manera trágica se expresan en una indeterminada cantidad de familias impactadas por los niveles de adicción y que no parecen interesar a voceros penetrados por la descalificación de sus adversarios políticos. Ahora bien, desde la misma estructura de las organizaciones partidarias se asfaltó el camino para estimular exponentes escasos de ideas y abundantes en recursos, revestidos de destrezas en “resolver” y siempre aptos en edificar mayorías fundamentados en comportamientos clientelares.

La administración gubernamental nacida el 16 de agosto del 2020 derrotó electoralmente un vendaval de argumentaciones tendentes a descalificar la propuesta presidencial bajo el esquema de descalificación, utilizados contra Peña Gómez, Hipólito Mejía, Hatuey Decamps, Milagros Ortíz Bosch. Irónicamente, ese modelo brutal encontró eco en el esquema de competencia interna del PLD. Los precedentes ambientados en el territorio de aspiraciones políticas dañaron la lucha real y efectiva contra el narcotráfico. Por eso, se tornan indispensables los esfuerzos en aplaudir las actuaciones del Ministerio Público, los organismos trasnacionales y el eficiente desempeño de la DNCD, garantía de dejar atrás la perturbadora práctica de etiquetar a los competidores y estructurar expedientes acusatorios fundamentados en dañar carreras políticas.

El criterio de acorralamiento político no puede derrotar la lógica de actuación institucional del Gobierno.  El que se equivocó que cargue con sus responsabilidades porque lo innegable es que todo el tinglado sometido por las autoridades de la PGR, creció y actuó desde el año 2012-2020.  Afortunadamente, los hechos poseen mayor credibilidad que el afán mediático en establecer culpas políticas, olvidándose del terrible descalabro en amplios segmentos de la sociedad.

Sus efectos nocivos agrietaron las bases de una sociedad

El interés puramente electoral impidió reflexión sensata

No parecen entender los cambios experimentados