BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Reformas van y reformas vienen y se soslaya la más importante: la recaudación, distribución, manejo y destino de los fondos públicos. El apretado corsé que, como una receta envenenada, propone de nuevo el Fondo Monetario Internacional, es consecuencia directa del alegre manejo gubernamental de los fondos públicos.

Conocemos las implacables recetas del FMI y sus funestas consecuencias. El FMI es un policía de cobros compulsivos que llamamos por nuestra incapacidad de planear y ejecutar un programa de ajuste para no gastar más de lo que tenemos.

La ecuación es simple: ingresos contra egresos. Los ingresos son generados por los impuestos, los egresos son otra cosa.

Los gobiernos manejan la hacienda pública con tal desparpajo e impunidad, que los Presidentes de la República ofrecen obras públicas y donan casas, carros y otros bienes sin respeto a la Ley de Gastos Públicos.

Tal parece como si a nadie le importara el destino de los fondos públicos.

La práctica histórica ha sido tan funesta que muy pocos se preocupan por el origen, distribución, manejo y destino de los fondos del erario.

El manejo de los fondos públicos debe ser absolutamente transparente y siempre ajustado a lo dispuesto por la ley.

La Ley de Gastos Públicos debe ser inmutable, salvo que haya emergencias por calamidad pública (terremotos, ciclones, riadas, etc.).

La reforma de la Ley de Gastos Públicos sólo puede ser aprobada por el Congreso Nacional con las cuatro quintas partes de los votos de la totalidad de la matrícula de ambas Cámaras Legislativas.

La Ley de Gastos Públicos debe consignar, sin que ningún Presidente de la República pueda variarla, cada acción que implique erogación de fondos públicos.

La Oficina Nacional de Presupuesto debe tener independencia del Poder Ejecutivo, para que los Presidentes de la República tengan que ceñirse a las partidas y montos que les asigne el Congreso en la Ley de Gastos Públicos de cada año.

Por causa del desorden en la aplicación de los fondos del erario los gobiernos llaman al Fondo Monetario Internacional, cuya misión única es cobrar los dineros de la deuda pública externa, contratada por sucesivas administraciones, préstamos cuyo destino, en muchos casos, es desconocido.

El Presidente de la República llama a una reforma constitucional pero no entra al fondo del problema nacional más grave: el desorden de los gobiernos con el destino y aplicación de los fondos públicos.

El desequilibrio presupuestario es fruto del uso alegre e irresponsable de fondos. Se gasta en cuestiones no prioritarias y se toma prestado al extranjero para las obras de importancia.

Luego, no alcanza para aumentar la nómina pública, pagar la deuda pública externa e interna, malgastar en viajes, dietas y viáticos y se llama al FMI para que nos diga lo que sabíamos que había que hacer, pero ¿por qué hacerlo bien si el gobierno anterior y el otro y el que viene, siempre han gastado alegremente lo que no es de ellos?

Al fin y al cabo, muchos políticos salen del poder con tanto dinero que no les importa si algún día tienen que pagar los impuestos que se crean para hacerle frente al nuevo desequilibrio.

¿Permitiremos ese desorden, por los siglos, de los siglos?