En un país con tanta gente en la pobreza extrema, no debió ocurrir nunca que una parte del dinero de los  contribuyentes fuera destinada a la adquisición y mantenimiento  de  mil vehículos de alto consumo. La decisión del actual Gobierno, de deshacerse de esa carga, sintoniza con la vocación austera que hasta ahora ha  caracterizado la actual gestión, y que debería sobrepasar la coyuntura del déficit actual y quedar como una especie de norma  ética en el manejo del erario.

La compra de vehículos lujosos y costosos para asignarlos a funcionarios y allegados del poder es parte de una conducta fantoche que ha caracterizado  la administración de los bienes del Estado. Es una característica que armoniza con el libertinaje  de las pensiones privilegiadas. Un Estado que necesita subsidiar a los más pobres no ha debido  darle ese destino a la tributación del ciudadano.

Más que cualquier otra crisis,  la crisis moral ha sido la más perjudicial para esta sociedad. Por eso juzgamos necesario que gobernantes y gobernados nos comprometamos a diseñar y aplicar un código de ética que tenga como propósito, para ahora y la posteridad, de desmontar la conducta dispendiosa que nos ha caracterizado. El actual Gobierno debe sentirse estimulado a profundizar sus esfuerzos por lograr que dejemos de ser un Estado fantoche.

Luto y una tarea pendiente

El asesinato del fiscal adjunto Omar Eduardo Álvarez Rodríguez a manos de Charles Muñoz García deja sumidos en el pesar a sus familiares y compañeros de trabajo, así como también a una sociedad bajo asedio permanente de la violencia y la criminalidad. El hecho también pone al desnudo la fragilidad de la seguridad que rodea a los fiscales, a pesar de los riesgos a que se exponen en el  ejercicio de sus deberes.

Tan lamentable  hecho debe servir para una revisión profunda de protocolos y procedimientos en el trabajo de los fiscales,  medidas de protección física y social, y una mejor remuneración. En manos de la  autoridad judicial queda el deber de sancionar con la mayor fuerza que la ley permita a la persona que disparó múltiples veces contra el fiscal adjunto y a los miembros de la Policía Nacional que le acompañaban y que no hicieron lo que les correspondía para protegerlo de su atacante.