PEDRO GIL ITURBIDES
Hasta 1979, una persona tenía la posibilidad de adquirir un vehículo utilitario por el equivalente a treinta salarios mínimos nominales. En el año 2005, con el deterioro de la calidad de vida en el país, la misma categoría de vehículo requería el equivalente de cien salarios mínimos para ser comprado.

Por vehículo utilitario entiéndase un automotor de cuatro cilindros con volumen individual de mil quinientos a mil ochocientos centímetros cúbicos. Esta comparación aplica para el llamado precio de lista de los representantes de las fábricas o sus revendedores directos.

Hasta ese año 1979 prevalecieron muchas variables de positiva significación en la economía. El índice de precios denotaba insignificantes modificaciones para los grupos de alimentos y servicios, y en muchos casos la variación se registraba a la baja. No es que no hubiese inflación  – se registraba – pero no afectó la capacidad adquisitiva del ingreso en la forma inmoderada de los años posteriores. Ese fue el año también en que comenzaron a registrarse déficit en las cuentas fiscales. Y de manera alarmante, comenzaron a producirse los desequilibrios en la balanza comercial.

Con los desequilibrios fiscales sobrevinieron los convenios para el financiamiento del déficit.

Ahora, de pronto, casi para sorpresa de cuantos han escuchado esas expresiones a lo largo de años, tales acreencias constituyen una onerosa carga para la República. Hace poco han manifestado algunos altos funcionarios, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), nos tiene intervenidos. ¡Valiente confesión! Porque, ¿quién provocó no una intervención –  pues el concepto es inexacto y alarmista –  sino la intromisión que nos tornó dependientes?