Hoy 
Está planteada la posibilidad de que, además de un sabotaje que puso en caos la ciudad por el súbito cese de señales luminosas de tránsito, el Estado dominicano haya sido víctima de una estafa por más de mil millones de pesos atribuida a un entramado de corrupción con características cinematográficas. Un contrato descrito por el Ministerio Público como fraudulento se habría convertido en escandalosamente lesivo al país en vez de abrir las puertas a una solución a los graves problemas de circulación vial. La confianza del Gobierno por entes insospechados de este medio habría sido traicionada con graves consecuencias que obligan al sistema de justicia a pedir cuentas a supuestos autores de corrupción que habrían cometido una gran fechoría por el irrespeto a procedimientos contra defraudaciones por parte de las propias autoridades o por el deliberado y oculto propósito de favorecerles al contraer un compromiso oficial sin previa depuración y certificación de calidad moral y técnica de los ofertantes antes de agosto del 2020.
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Así lo habría comprobado, casi cuando era tarde, la Dirección General de Contrataciones Públicas renacida como órgano eficiente. Nada debe impedir que las investigaciones de estos hechos lleguen hasta las últimas consecuencias y que el eventual envío a los tribunales ocurra en el marco de respeto a la presunción de inocencia con libre ejercicio de legítima defensa de quienes resulten formalmente acusados; y sin que el proceso derive en más frustración para la lucha contra la corrupción.
