Del argumento legal a la necedad política

El argumento legal juega un papel perturbador respecto de las licencias que se toman los abogados creyéndose en capacidad de hacer de la marrullería, interpretación antojadiza e inconsistencia el alma de sus defensas. Aunque no lo crean, la ciudadanía intuye perfectamente las redes de complicidad instalada en la estructura comunicacional del oficialismo, siempre pautada por los recursos económicos que pretenden trasformar el barro en milagro y fuente de exhibición teórica para que sus tesis encuentren un “eco” totalmente interesado.
Ninguna disposición adjetiva puede imponerse a la Constitución. Inclusive, aspirar que un derecho ciudadano sea limitado, lanza el debate hacia litorales esenciales porque un impedimento como el de radiar la posibilidad de sufragar afecta tanto al aspirante como a los potenciales electores en capacidad de ejercer un derecho fundamental. Ya la jurisprudencia nuestra se hace adulta estableciendo las líneas concernientes al carácter básico del sufragio y disolviendo el concepto de militancia mínima que, encontró amplísima cobertura, al momento de que decisiones de respetadas jurisdicciones hace años consignaron la relación de ser elegido y elegir con normas de derechos humanos.
Toda la agitación establecida en el país respecto de la posibilidad de que la Junta Central Electoral (JCE) no acepte la candidatura formal de un aspirante bajo el alegato de que compitió en la contienda interna del partido en que militó y colocar en el ámbito del Tribunal Constitucional la viabilidad o no de las pretensiones presidenciales, expresa el marcado interés político que traspasa la discusión jurídica. Todo se reduce a un tinglado de carácter perverso construido alrededor de tecnicismos que no podrán ocultar la malsana intención de una candidatura que, en el orden práctico, desestabiliza la fuerza electoral del oficialismo, empuja a una segunda vuelta y coloca en manos del que llegue en tercer lugar la posibilidad de decretar por vía de un endoso al próximo gobernante de la nación.
Lo que delata la “intención política” se puede leer por voceros que, hace tres meses, impulsaban la posibilidad de un tercer período presidencial bajo el argumento de que impedirlo constituía una conculcación de un derecho fundamental. Y así, como la norma constitucional limitaba las aspiraciones del actual jefe del gobierno, el mismo texto posibilita la candidatura presidencial que se pretende impedir desde el poder. Aquí ese tipo de discusión resulta sana e interesante ante el vacío y carencia de rigurosidad de una clase jurídica que traduce a trompadas y sillas los intentos del presidente del colegio de abogados por mantenerse “por tercer período” al frente del gremio. Los “otros” que están concentrados en cerrar el camino de una aspiración presidencial que, irónicamente, garantizó ingresos a dos o tres de los hoy impugnadores, poseen talentos y habilidades formativas en capacidad de provocar dudas por sus públicas y evidentes relaciones con el presupuesto nacional.
Lo que se torna necio y materia prima del atraso de la clase política es el allanar todas las vías para impedir la candidatura del “nuevo” adversario. A los políticos se le derrota con votos porque esa fascinación por el fastidio puede leerse en la sociedad de forma diferente y transformar al cercado y asediado en víctima. Un decreto de Jorge Blanco impidiéndole a Joaquín Balaguer utilizar helicópteros en la campaña puso al caudillo reformista a coger todo el polvo del mundo, y muchos percibieron la acción como una maldad innecesaria frente a un anciano, ciego y con limitaciones para desplazarse por el país. Muchos electores, olvidaron los gobiernos de 1966-1978 y fueron a votar por el PRSC.

Siento que en el palacio nacional no están calculando correctamente el escenario que se perfila impidiéndole la candidatura presidencial a Leonel Fernández porque los gobiernos, cuando quedan pocos meses para su salida, se tornan erráticos y díscolos. Si la meta la consiguen, posibilitan una definición de primera vuelta debido a la lógica reacción del sector afín al expresidente que, ambientado un acuerdo en lo congresional y municipal, tendrá una afinidad recién construida con la oposición. De ahí, a ponerse la banda presidencial Luis Abinader es muy corta la distancia.