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El cambio de la matriz de generación eléctrica de una excesivamente dependiente de precios mundiales elevados del petróleo, a una que en su mayoría dependa del carbón y el gas natural, representa una gran oportunidad para reducir sustancialmente los costos de generación; pero si no se logran reducir las pérdidas técnicas a los estándares mundiales y se convierten en clientes los que se roban el servicio, tendremos al final de esta etapa un parque de plantas con menor costo de generación, varios miles de millones de dólares gastados y el mismo problema de la inviabilidad financiera del sector, que es la historia desde hace cuatro décadas.
A partir de 2004, con la mejoría en el servicio y el aumento sostenido en los precios mundiales del crudo, hemos visto cómo las pérdidas y su financiamiento mediante el subsidio se ha incrementado progresivamente desde US$68 millones (agosto-diciembre 2004) en 2008 por el choque petrolero ascendió a US$1,118 millones y en 2012 superó los US$1,100 millones, mientras la Ley de Presupuesto para este 2013 contempla una partida de US$1,050 millones.
Desde agosto del 2004 hasta diciembre de 2012 se han transferido recursos del presupuesto por un monto cercano a los US$6,400 millones, para subsidiar a los usuarios que no pagan el servicio o que subvaloran la factura y para mantener encendido una industria cuya generación mayoritaria depende del petróleo y con unos contratos amarrados hasta 2016 por los Acuerdos de Madrid.
La matriz de generación del país en el año 2000 dependía en 90% de los derivados del petróleo, en 2008 se redujo a 51%, mientras el gas natural representó 21%, carbón 16% e hidroeléctricas 12%. Para el pasado año la dependencia del petróleo se redujo a 47%, sin embargo esa disminución en la dependencia del pétroleo no se tradujo en una reducción de los costos de la energía comprada por las EDES a los generadores.
El Gobierno está empeñado en modificar en este periodo la matriz sobre la base de aumentar la capacidad instalada de generación entre 1,500 y 2,000 KHW y llevarla a 34% en base a carbón, 39% gas natural, 13% hidroeléctricas, 10% petróleo y 4% renovables. Con una matriz de ese tipo las autoridades, de no producirse alzas inesperadas en los precios del carbón y el gas natural, esperan un precio de generación inferior a los US$0.13 el kilovatio.
Capacidad instalada superavitaria, en relación a la demanda máxima, y costes de generación que reduzca la tarifa y haga el país más competitivo, representan metas que deben merecer el apoyo de toda la sociedad; pero si el nivel de pérdidas no logra abatir a los promedios regionales, el Estado deberá mantener un subsidio que representa una carga presupuestaria y desvía recursos que pudieran dedicarse a la educación, salud o construcción de infraestructuras.
Recientemente el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE reveló que para este año las pérdidas eléctricas ascenderán a US$727.6 millones y de estas US$482.4 millones, 66%, se corresponden con el fraude, mientras US$245.2 millones se deben a las pérdidas en las líneas.
En el esquema actual, donde casi la mitad de los usuarios no pagan el servicio, resulta que a mayor generación, mayores pérdidas y mayor subsidio, y aunque se cuente con un parque con menor costo de generación, de no reducirse sustancialmente las pérdidas, va a resultar muy difícil para el Gobierno mantener un subsidio financiado con el presupuesto y simultáneamente asumir los costos financieros derivados de las inversiones en nuevas plantas.
Aparte del cambio de la matriz de generación, se requieren elevadas inversiones en las redes para reducir las pérdidas técnicas y aplicar la ley a los usuarios fraudulentos con la finalidad de que todos paguemos el servicio aunque el Estado subsidie una parte de la factura a los más pobres. Esa será la única vía para contar con un sistema eléctrico sostenible financieramente y con un coste de generación que permita al país ser más competitivo.
