Del Castillo: clima de negocios RD atrae inversión extranjera

13_10_2015 HOY_MARTES_131015_ Economía5 E

Si aquí no existiera seguridad jurídica y un clima apropiado para las inversiones, la República Dominicana no recibiría el 43% de las inversiones extranjeras que se dirigen a Centroamérica y el Caribe, afirmó ayer el ministro de Industria y Comercio (MIC), José del Castillo Saviñón.

Sostuvo que en los sectores industriales, comerciales, agrícolas, turísticos, construcción y telecomuncaciones, el país está recibiendo la confianza de la comunidad internacional.

El funcionario fue entrevistado luego que firmara un acuerdo con Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con la finalidad de cooperar en temas de comercio exterior y solución de controversias entre inversionistas y el Estado.

El convenio será ejecutado y coordinado por la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX), responsable de velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales consagrados por el país en acuerdos comerciales y, a la vez, funge como Autoridad Nacional de Defensa del Estado de las controversias que se deriven de acuerdos comerciales, de la Organización Mundial del Comercio y de inversión.

En el acto Del Castillo Saviñón estuvo acompañado de la directora General de la DICOEX, Katrina Naut, Castaños Guzmán y Carlos Villaverde, director de Proyectos de la FINJUS

El acuerdo posibilitará crear canales para el flujo de información en diferentes temas de los acuerdos comerciales, así como gestionar asistencia técnica y apoyo para una estrategia que promueva el conocimiento y la discusión de temas comerciales y de solución de controversias.

El ministro dijo que la inversión extranjera es afectada por la ausencia de mecanismos para manejar los conflictos que puedan producirse entre el Estado y los inversionistas.Expresó que actualmente el país tiene dos controversias sobre temas

ambientales que están en arbitraje.

Agregó que los inversionistas reclaman una indemnización por US$120 millones al Estado.