El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, dijo ayer que existe una propuesta de decreto para regular el procedimiento en caso de demandas de inversionistas o conflictos a raíz de contratos suscritos por el Estado.

Expresó que en otras ocasiones, debido a la ausencia del mecanismo de prevención, el país no ha tenido la mejor suerte en materia de arbitraje, incluso ha sido condenado a pagar altas sumas de dinero.
Consideró que el mecanismo de prevención de controversias puede evitar que la República Dominicana tenga que desembolsar onerosos recursos por de concepto de condenas en arbitrajes internacionales.
Recordó que la experiencia en arbitraje en los últimos años ha sido negativa para el país, debido a la ausencia de un mecanismo de prevención.

El funcionario habló en el conversatorio sobre “Negociación de controversias en los sectores energía y minas”, en el hotel El Embajador.

Resaltó el esfuerzo realizado por la Dirección General de Comercio Exterior (Dicoex), de Industria y Comercio, y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que han avanzado en crear un mecanismo de prevención.

Señaló que los sectores energético y minero son dos de los más dinámicos en cuanto a recepción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Agregó que la minera Barrick Gold invirtió US$4,300 millones en varios años, lo que contribuyó a que la IED recibida en 2012 alcanzara más de US$3,000 millones.

En 2014, la inversión en los sectores minero y de energía alcanzó US$ 352 millones, dijo.

Del Castillo Saviñón recordó que la Dicoex es la autoridad nacional coordinadora en materia de solución de controversias entre inversionistas y el Estado dominicano.

Por otro lado, la directora de Comercio Exterior, Katrina Naut, dijo que existen dos arbitrajes en el marco de DR-Cafta en temas ambientales.

Precisó Naut que los reclamos de los inversionistas en esos dos casos totalizan US$120 millones.

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Grandes pérdidas

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, dijo el país ha tenido pérdidas importantes al llevarse demandas a arbitrajes internacionales. Cuando las controversias son inevitables, los funcionarios deben recurrir a la ley, dijo el funcionario.