Arquímedes S. Santiago*

El Tribunal Constitucional no se anima a deshacer el escandaloso contrato de los Rayos X que se otorgó a una firma privada para inspeccionar contenedores en los puertos del país y que terminó en manos de un famoso oftalmólogo de origen dominicano, ahora procesado en Estados Unidos de Norteamérica por defraudación al sistema de salud y por sus relaciones con el otrora todopoderoso y cuestionado senador norteamericano Bob Menéndez.
Las enormes e insospechadas presiones que se ejercieron para poner en operación el contrato, fueron resistidas estoica y firmemente por Miguel Cocco, Rafael Camilo y Fernando Fernández; tres exdirectores de Aduanas que dieron con ello un gran ejemplo al país de que es posible luchar en contra de la corrupción, por más apoyos locales e internacionales que tengan. Demostraron que no todas las órdenes se deben cumplir.

Recuérdese, entre otros detalles, que los dueños de la operación de los rayos x recuperarían la inversión en menos de un año y la “concesión” es por 20. Así, las ganancias envueltas superarían por cientos de millones de dólares el monto de los sobornos y sobrevaluaciones que son señalados en el caso Odebrecht. De ahí la intervención feroz de instancias locales e internacionales para que la Aduana cediera y la lujuria con la que el jugoso contrato ha pasado de una mano a otra cada vez más poderosa.

Una fuente me ha revelado que un exfuncionario de la DGA fue abordado por tres excomisionados de la aduana norteamericana, buscando explicaciones sobre la negativa de esa entidad a aceptar la validez del contrato.
Ese mismo exfuncionario atendió luego una visita hecha por oficiales del FBI en el marco de ciertas investigaciones. Parece que ambas instancias quedaron bien edificadas a juzgar por los acontecimientos que se sucedieron posteriormente.

Los párrafos 114 al 143 del documento preparado por la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica con el que se sustenta la acusación por corrupción en contra del senador Robert (Bob) Menéndez y del doctor Salomón Melgen revelan que la presión ejercida al gobierno dominicano para que las autoridades de entonces accedieran a poner en ejecución el bochornoso y leonino contrato llegó hasta el punto de planear y plantear el retiro de las visas norteamericanas a los funcionarios de la Aduana que lo rechazaban vigorosamente. Un exdirector y su asesores tuvieron a punto de padecer los embates del poder de la corrupción transnacional, según se desprende de las confesiones del personal del Departamento de Estado que fue interrogado y que aparecen recogidas extensamente en los párrafos 119, 125 y 133 del sometimiento que puede ser localizado en las redes bajo el nombre: menendez_melgen_indictment.pdf.

Los corruptos, la delincuencia de cuello blanco, actúan así, intentando liquidar por cualquier vía a quienes los enfrentan. Entre ella se mezcla la doble moral que, por cierto, quedó magistralmente explicada por Teófilo (Quico) Tabar, precursor de la modernización de la aduana dominicana, en un artículo que aparece publicado en este periódico, en la edición del pasado día 19. Esa doble moral es la que se expresa también atacando con sutileza visceral a quienes se esfuerzan con honestidad y determinación en elevar los niveles de eficiencia y transparencia del accionar público.

Aunque la sentencia de declaración de inconstitucionalidad parece inevitable, se juega al tiempo. El contrato es inaplicable en sí mismo. Las tarifas que establece son incobrables y minarían la competitividad del país; la carga financiera para el Estado sería irresistible. Existe el convencimiento de que si hubiera una sola posibilidad legal o mínimamente decente para decidir a favor de los dueños del contrato, actualmente procesados por la justicia norteamericana, el tribunal ya les hubiera otorgado la sentencia y el Estado Dominicano estaría ante el enorme riesgo de tener que regalar, según aspiración manifestada por los abogados defensores del contratista, más de 350 millones de dólares.

En la edición de este periódico del pasado día 17 de los corrientes, el historiador y exgobernador del Banco Central, Bernardo Vega, se la ha puesto fácil a las autoridades judiciales y a la mal mirada comisión que investigan el confeso soborno de la Odebrecht. Vega sitúa en 257 millones de dólares la magnitud del fraude. Serían más de 12,000 millones de pesos. Los divide entre los 92 millones de dólares declarados y reconocidos por la firma sobornadora, y 165 millones por sobrevaluaciones. Ojalá e integren inmediatamente a los trabajos de investigación a Vega para que ahorremos un tiempo precioso y el país recupere más de 514 millones de dólares, que sería la suma a reclamar, conforme las leyes nacionales.

Con un sistema de justicia creíble, Monseñor no hubiera tenido que renunciar de la empresa socia de Odebrecht, sino a la comisión. En ninguno de los otros países sobornados ha hecho falta crear tales comisiones. Aquí no hay que guardar ni las apariencias; “na e na”. No todos responden a la altura de la buena voluntad expresada por el presidente Danilo Medina.

El atronador silencio de algunos sectores locales ante estos casos, no extraña. Ni un solo comunicado o declaración de apoyo a las acciones de persecución. Ni una sola noticia o comentario se han escuchado de reconocidas figuras que tienen programas semanales de “investigación”. Definitivamente, “los puercos no se rascan en jabilla” y Cambalache es el tango del momento.

• El autor experto aduanero y en comercio transfronterizo, con amplio historial en el escenario local e internacional.