Apoyamos al Presidente Fernández en defender la nueva Constitución como instrumento de revolución institucional. Precisamente por eso hay que cumplirla y hacerla cumplir plena e íntegramente, al igual que las leyes adjetivas que ella inspire y/o las que le precedieron que la inspiraron.

Ejemplo de ello es la puesta en vigencia del Instituto de Bienestar Estudiantil creado  desde hace 13 años por la Ley General de Educación (66-97) precisamente promulgada por el Presidente Fernández el 9/04/97 que en su título VIII dispuso su creación para administrar nutrición escolar, entre otros aspectos. No obstante esa disposición, voces oficiales, incluyendo el titular de Educación y precandidatos presidenciales, a las que se suman coros de opiniones, vienen  clamando por transferir el desayuno a una institución especializada cuando la creada no se pone en funcionamiento quien sabe si por las tentaciones de seguir manejando personal y compras, o por las relaciones políticas generadas en su ejecución.

Este ejemplo ilustra lo imprescindible que resulta para implementar la revolución institucional el que el funcionariado gubernamental conozca, internalice, cumpla y haga cumplir las leyes llamadas a administrar programas contribuyentes a procesos revolucionarios. Y que la jefatura de la nación vele por que así sea. Como este, existen muchos otros ejemplos.

Partiendo de la concertación social y política, que la nueva Constitución consigna como obligatoria, en circunstancia que el organismo encargado de implementarla no actúa continua y sistemáticamente. De la ley de función pública objeto de incumplimientos denunciados por los medios. De las compras gubernamentales cumplidas en las pequeñas cosas pero sobreseída en las grandes como el Metro y la electricidad. De la defensa a consumidores limitada a denuncias propias de opositores o a confrontaciones institucionales en lugar de actuar coordinadamente.

De disposiciones ambientales consignadas en la ley 64-00 en cuanto al ordenamiento del territorio nacional frente al caos imperante en nuestros asentamientos humanos y el tráfico que generan, a los conflictos entre diversos usos del suelo que sacrifican nuestra agricultura en abandono; y por la conservación de áreas protegidas frente a proliferación de aserraderos, destrucciones de cauces acuíferos y siembra de cemento y asfalto en áreas verdes. De una energía renovable incentivada por leyes que la burocracia no aplica. De la competitividad industrial amenazada por una apertura internacional más rápida que la adaptación de nuestro parque. De la seguridad social sumergida en su rol financiero dejando al albedrío su vertiente de salubridad.    

Impulsar la revolución institucional acicateada por la Constitución, como postula el Presidente Fernández, tiene la ventaja que solo requiere el pleno cumplimiento de leyes vigentes.