Un narcoestado es aquel donde los poderes del narcotráfico comulgan de manera armoniosa con el Estado. Las instituciones están influenciadas por el narcotráfico y los funcionarios del Gobierno desempeñan, de manera conjunta, cargos en el Estado y en las redes del narcotráfico.

En estas sociedades, la economía y la estructura de poder están permeadas y dominadas por cárteles de la droga. Pero, además, los valores del narco reinan en el espectro social.

La simbiosis narcotráfico y Estado es posible, en mayor medida, en aquellos donde no hay imperio de la ley, la institucionalidad es débil y los gobiernos actúan de manera discrecional. Esta relación implica conveniencia mutua. El narco se aprovecha de las posibilidades de operar que le brindan quienes dirigen el Estado y ellos del dinero que dinamiza y a veces hasta sustenta la economía. Esto sin contar los beneficios personales que deja a los funcionarios que “se hacen de la vista gorda” o participan en la red.

Pero además, el Estado aprovecha el rol de proveedor que asume el narcotráfico pero que debiera cumplir. En los barrios y en las provincias pobres, los negocios de la droga no son cuestionados porque cumplen algunas de las tareas que el Estado no lleva adelante. Es tanto así que a Roberto Suárez Gómez, el más grande narcotraficante boliviano del siglo XX, conocido como “El rey de la cocaína”, lo llamaban “Robin Hood”.

En República Dominicana pasó esto con Quirino Ernesto Paulino Castillo, confeso narcotraficante, apodado “El Don”, respetado y admirado por muchos en su comunidad, gracias a “la labor de ayuda social” que hacía en su natal Elías Piña.

De manera mundial se suele señalar al país africano Guinea-Bissau como el perfecto ejemplo de un narcoestado. En tanto que otros países como México y Colombia, donde Pablo Escobar lideró un cartel de droga y ocupó el puesto de senador, preocupan por la influencia de carteles.

Si todavía no puede decirse que RD es un narcoestado, no deja de preocupar que una característica básica del narcoestado como la participación y la complicidad de las autoridades en el narcotráfico, la hayamos visto en casos como el robo de los 1,200 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican).

También en la denuncia de la joven Crisania Soriano de que pagaba a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIM), la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) y a algunos fiscales para que la dejaran distribuir drogas en Hato Mayor.

Las denuncias hechas por Quirino de financiamiento a figuras políticas dominicanas, además de ser investigadas, deben alertarnos y llamarnos a la reflexión acerca del peligro inminente de convertirnos en un narcoestado.