“Una Constitución es, entre otras cosas, el estatuto regulador del poder político. Su mal funcionamiento es síntoma de la descomposición social, de crisis del Estado, de fracaso del régimen político.”(Luis Carlos Sáchica)

Nuestros legisladores, convertidos en Asamblea Revisora (sic) quisieron darnos una nueva Constitución. Por arte teúrgico, enamorados de la palabra, rebautizaron el Estado dominicano. El Art. 7 declara: “La República Dominicana es un Estado  social y democrático de Derecho.” Si así fuera, sería el Estado Social más vergonzoso. Estado fallido, no sólo no llega a un Estado de Derecho, donde la Ley,  igual para todos, para gobernantes y gobernados, impera y es respetada; como los órganos y poderes de Estado “independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.” Lejos de ese modelo, mantenemos un Estado Patrimonialista y clientelar, esencialmente caudillista y despótico. Nuestra primera Constitución nació estigmatizada: “a verdad sabida  y buena fe guardada”; y ese caudillismo, autocrático, consagrado a partir  de la reforma del 1854 y su anacrónico Art. 55,   ha permeado el quehacer político a lo largo de nuestra historia.

El Estado Dominicano predomina una acendrada dependencia del sector oligárquico aliado a intereses extranjeros,  quienes se reparten nuestras riquezas en contra del sentir de las mayorías y del bienestar de la nación. En lugar de un Estado Social,  Protector, hemos padecido un Estado providencialista, marcado por el autoritarismo, el personalismo y el centralismo del Jefe del Estado, con raras excepciones, negador de la institucionalidad y del ordenamiento moral y constitucional que debe regir la sociedad.

Aquella Primera Constitución, inspirada en los más sanos preceptos de  moralidad  y democracia,  consagraba la independencia de los poderes del Estado, la autonomía Municipal, la inmovilidad de los funcionarios públicos, el libre ejercicio del sufragio y las debidas garantías de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales; pero, esencialmente, estaba cimentada en la conducta civilista y patriótica de nuestros fundadores, para quienes la política era aras, no pedestal; no  un mero oficio oportunista y rentable, sino la actividad más pura, la más ennoblecedora, luego de la filosofía.    

No hay dudas de que la política se ha comercializado, por no decir prostituido. Probablemente siempre fue un negocio, pero nunca tan descarado y perverso como ahora. La presencia de poderosos intereses corporativos,  del narcotráfico, que ha prohijado el crimen organizado y la impunidad,  como el relajamiento institucional existente, han menoscabado el papel moralizante  del Estado,  y de los partidos responsables de la conducción del gobierno. En el marco neoliberal, consumista y mediatizado, de grandes carencias y contradicciones, el binomio ética-política no suma votos.

El anacrónico sistema político, económico, social y cultural, alejado de los objetivos básicos de las grandes mayorías, no lo asimila: ha sido diseñado para adormecer y mantener el estatus quo. Se hace imperioso educar al pueblo. Crearle conciencia de sus males. Un pueblo inculto, es un pueblo débil. Fácil presa de los poderes fácticos que le desgobiernan. Si no revertimos el orden de las cosas y rescatamos los valores éticos y morales, eje trasversal de todas las instituciones, públicas o privadas,  la muerte del idealismo, única fuerza moralizante que  puede solventar una patria más libre y más justa, se nos viene encima, no importa lo que proclame la Constitución.