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La educación superior está nuevamente en discusión. Pero, diferente a como ocurría en las décadas de los años 60, 70 y 80 del pasado siglo 20, en las que casi nadie dudaba del papel clave de la educación superior en los esfuerzos conducentes al desarrollo y la transformación social, el debate actual sobre dicha materia se caracteriza por la existencia de toda una escuela de pensamiento que pone muy en tela de juicio la eficacia de la educación superior pública, cuestionan su rendimiento económico y social y la prioridad de las inversiones destinadas a ella.
Dos Documentos sobre políticas de la educación superior, elaborados uno por la UNESCO y otro por el Banco Mundial examinan la situación y las perspectivas de la educación superior haciendo énfasis sobre su calidad, pertinencia y financiamiento.
Nuestras universidades están siendo cuestionadas hoy con mayor frecuencia que antes, no sólo por la calidad de su respectiva oferta académica y por la formación de su personal docente e investigador; también, por el uso general que les dan a los recursos de que disponen.
Comunicadores, no muy entendidos en la materias, les reclaman a las autoridades de las universidades y de los politécnicos superiores que expliquen las decisiones que toman respecto a una nueva área de estudio o de investigación, a la cantidad de recursos que destinan para un cierto y determinado proyecto, a sus políticas de administración, en suma, les piden a los rectores de esas instituciones que rindan cuenta de sus labores. Pero, lo hacen sin tomar en cuenta la falta de equidad de nuestra sociedad y la necesidad de que las instituciones de educación superior contribuyan a resolverla. Estos señores no se detienen a pensar que dicha inequidad es al mismo tiempo causa y efecto de productos de desajustes sociales ancestrales.
Tanto que aquí se habla de reforma de la educación superior cuando esta no es más que la construcción, desde nuestra propia identidad cultural, de un modelo endógeno de desarrollo humano sustentable, que no excluya la apertura de la economía y la búsqueda (no la copia) de una inserción favorable en el actual contexto internacional.
Como ocurriera en otras ocasiones en el trascurso de su historia, la educación superior dominicana está viviendo un proceso de transformación estimulado por los cambios que experimenta la realidad, nuestra realidad.
El Sistema Dominicano de Instituciones de Educación Superior atraviesa por un momento de transición desde un sistema altamente centralizado, uniforme y ligado a las tradiciones, hacia uno mucho más descentralizado y fundamentado en una nueva doctrina de autonomía universitaria implícita en la Constitución de la República y en las leyes 5778 y 139-01 de Autonomía Universitaria y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respectivamente.
Actualmente, todas nuestras universidades disfrutan de autonomía administrativa, institucional y académica, y al menos dos de ellas, la Real y Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) disfrutan de Autonomía Plena, lo que les permite a esas dos altas casas de estudios crear y ofertar programas académicos sin tener que recabar la autorización del máximo organismo de dirección del sistema.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como propósitos fundamentales el definir los principios orientadores de la transformación de la educación post secundaria y el de elaborar y llevar a cabo un plan de acción (entiéndase por reforma) que permita mejorar la pertinencia y calidad de las universidades y de las demás instituciones de educación superior. Y, a nuestro humilde entender, en tareas como ésas la MESCyT emplea casi todos sus recursos y su tiempo.