Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ VEGA
Creo que no exagero si afirmo que la única política que ha tenido la República Dominicana hacia Haití después del ajusticiamiento de Trujillo ha sido permitir el ingreso ilimitado de haitianos y haitianas. Miles de ellos han entrado sin documentación y por iniciativa de empresas y personas de aquí.
Este hecho ha venido ocurriendo en coexistencia con una retórica antihaitiana propia de los sectores ideológicamente conservadores. Pero ha podido más el trauma que significó la matanza de haitianos de 1937 y los intereses económicos que cualquier otra consideración.
Sin embargo, cada vez más sectores sociales, políticos, económicos, religiosos y académicos consideran válido que el Estado disponga de una política hacia Haití que exprese la realidad que impone la vecindad, la realidad que impone las condiciones sociales y económicas de las dos naciones que comparten la isla y que exprese la realidad de los 600, 700 u 800 mil haitianos que residen en la República Dominicana.
Creo que la razón de esta urgencia salta a la vista: para el territorio dominicano, para la economía dominicana, para el diseño de las políticas públicas, no es posible seguir recibiendo haitianos sin control alguno y en cantidades que son cada vez más crecientes. Por razones territoriales, económicas y de formulación de políticas públicas hay que poner unos límites precisos a estas fuerzas inmigratorias.
Y no digo por razones culturales, porque tengo la convicción de que los diálogos culturales, los cruces entre distintos valores culturales enriquece a los pueblos y a sus habitantes. Siempre hay valores y costumbres que ofertar a los otros, y valores y costumbres que aceptar de los otros. Es un intercambio que la misma sociedad regula.
A pesar de la insistencia de los distintos sectores
que reclaman la adopción de una política estatal hacia Haití, como apuntamos arriba, la misma sigue ausente. Incluso, a pesar de algunas iniciativas muy concretas y a pesar de conversaciones formales sostenidas entre diplomáticos y funcionarios gubernamentales de ambas naciones.
¿Por qué no se formula la política reclamada?, ¿por qué los gobiernos que hemos tenido desde 1961 rehuyen el manejo de esta cuestión?
Conseguir las respuestas a estas preguntas ayudaría, de seguro, a comprender la cuestión. Pero como se trata de un tema equívoco, sujeto a interpretaciones múltiples desde la historia, desde la economía, desde la sociología y desde la política de Estado, es seguro que llegar a puntos de acuerdo llevaría tantos años como los que hemos vivido desde 1961 a la fecha.
Tengo la idea de que el horrible crimen de 1937 no solo traumatizó a Haití, sino también a los dominicanos. En sentido diferente, por supuesto. Me parece que procuramos evitar el riesgo de que pueda repetirse algo igual y este temor nos lleva, con frecuencia, a la inacción.
La República Dominicana también teme a los escándalos internacionales, aspecto que Haití ha sabido manejar muy bien en su provecho, incluso a sabiendas de que miente o recurre a hipérboles.
Y está el poderoso factor económico, presente en las prácticas migratorias entre Haití y la República Dominicana desde finales del siglo 19. No hay dudas de que la mano de obra haitiana constituyó en sus días un importantísimo elemento en la rentabilidad de las factorías azucareras. Después, cuando esta industria menguó, lo fue en las plantaciones de café, cacao y arroz. Ahora lo es en la próspera industria de la construcción y muchas otras actividades menores.
Es decir, la mano de obra haitiana tiene un extraordinario valor económico para amplios sectores de la economía dominicana. Aquí reside, posiblemente, la razón principal por la cual ni el Estado ni los sectores que han reclamado y reclaman políticas de contención para el flujo de haitianos sean escuchados.
Pero se hace necesario limitar el número de haitianos y haitianas que residen en la República Dominicana. Porque ya constituye, por su número, una variable que altera las decisiones de políticas públicas y plantea costos adicionales para el Estado dominicano. Pero hay que hacerla dentro de esta línea de razonamiento, sin adicionar elementos que puedan poner ruidos innecesarios y entorpecedores.
Pero, recordemos, este es solo un aspecto de una política estatal hacia Haití. Hay otros igualmente importantes.
