Del juicio político al cambio de rumbo

La primera responsabilidad del Congreso es “establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”. Las autonomías establecidas en la Constitución y las leyes, como emulación del modelo norteamericano, no cuestionan allá, ni deberían cuestionar aquí, la responsabilidad del Congreso de definir cómo se invertirá cada centavo recaudado.

La remuneración del personal representa una de las mayores partidas en el presupuesto de cualquier Estado. Más aun, el salario representa el ingreso, la jerarquía política y técnica, la valoración relativa de los puestos y el modelo de solidaridad y equidad que los grupos de poder postulan. Por eso, un Estado democrático no funciona bien cuando al mirar hacia los lados o hacia arriba sus empleados entienden que no son tratados con justicia. Y la situación se agrava cuando perciben que el injusto tratamiento se debe a un poder delegado que se alza con el santo y la limosna y deforma en provecho propio parte importante del gasto público.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo y bajo distintos argumentos, funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial han reivindicado “el derecho a fijar sus propias remuneraciones” al margen del Congreso.

El caso de la Cámara de Cuentas es un síntoma menor de una epidemia que se originó en otras partes y ha echado raíces en todo el aparato estatal. Aun así, el mismo ilustra, de cara a las debilidades humanas, cómo el ejercicio de aquel derecho suele terminar en “remuneraciones desproporcionadas”, una amenaza sobre la cual ya advertía Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII.

Pues en lugar de fortalecer la reciedumbre moral y la vocación de servicio que demanda la alta función pública, las remuneraciones desproporcionadas disloca la estructura del Estado.

E induce a sus funcionarios a rehuir responsabilidades; a asentir cuando se debería negar; a guardar silencio cuando se deberían elevar la voz; todo ello para no poner en peligro la permanencia en una posición pública repleta de beneficios y privilegios.

El juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas no podía perseguir la simple destitución de funcionarios que han replicado en pequeño los mismos patrones de conducta que otros de mayor nivel exhiben.

Para darle sentido, ese juicio debe ayudar a enderezar rumbos. Por eso, una vez desnudadas verdades y angustias y terminado el proceso, convendría que el Congreso y el Poder Ejecutivo se embarquen en la formulación y aprobación de un conjunto de leyes, entre otras cosas, para normar la organización y definir la jerarquía política de los puestos públicos y organizar el sistema de remuneración que habrá de regir dentro del Estado.

Enlazando en una estructura coherente y solidaria, el salario y los beneficios marginales de todos, desde los empleados de menor nivel hasta el Presidente de la República. Que es otra manera de pensar el Estado.