FABIO R. HERRERA-MINIÑO
El 17 de octubre de 1979, el presidente Guzmán anunciaba que el Gobierno había comprado la Rosario Dominicana por 70 millones de dólares, de manera que los beneficios de la procesadora de doré eran para el Estado, quedando la administración en manos de sus anteriores propietarios.

Así se aseguraba la continuidad y calidad de la producción, sin sufrir los embates de los políticos, que años después, le meterían mano ya cuando estaba en su fase de decadencia del mineral de óxido disponible.

El pasado jueves 15, el presidente Fernández anunciaba al país la compra del 50% de las acciones de Refinería Dominicana de Petróleo a la Shell, de manera que pasa a ser una empresa estatal, con todas las eventualidades e inconvenientes que eso significa, si el gobierno prefiere administrarla y dirigirla técnicamente, prescindiendo de la calidad de la Shell como garante de la misma, que por años, convirtió a esa empresa en símbolo de eficiencia y de seguridad, de acuerdo a las normas internacionales para la refinería.

Esos dos acontecimientos tienen un tremendo matiz político en su momento de ejecución, aquel de 1979 cuando el país atravesaba la resaca de la tragedia ocasionada por el azote del huracán David y la tormenta Federico, y los perredeístas enseñaban sus garras para descalificar al presidente Guzmán, buscando por todos los medios el asalto al erario, propósito que no se ocultaba con el inicio de un acelerado proceso de endeudamiento externo.

Ahora, en el 2007, bajo la excusa de buscar fórmulas para reducir el consumo de petróleo y disciplinar a los dominicanos en su uso, que mantenemos un exagerado nivel de consumo, iniciándose por el despilfarro gubernamental, se presenta como la panacea, que Refidomsa sea de propiedad estatal, con todos los riesgos que eso conlleva. Y es que si pasa a ser administrada por un ente estatal, dirigido por políticos, se produciría un rápido deterioro de la calidad de la empresa, sostenida desde 1975. Los casos de Edesur y de Edenorte, devueltas al redil estatal a principios del siglo, son ejemplos de lo frágil de una empresa cuando es administrada por el Estado.

El triste sendero que siguieron casi todas las empresas, que fueron patrimonio estatal desde 1962, es patético y demostrativo de la pobre calidad de los servicios cuando los políticos hacen su aparición en el panorama empresarial; el despojo es tan fuerte en sus objetivos que tan solo hasta ahora se han salvado de la desaparición Molinos del Ozama y la Tabacalera, que bajo eficientes administraciones, ofertan sus productos al consumidor sin los temores de desabastecimiento o de pobre calidad de los mismos.

Igual destino de exterminio por los políticos han sufrido casi todos los ingenios que fueron un rico patrimonio, que en los 70 dio lugar a una zafra de un millón de toneladas de azúcar, tope que jamás se ha vuelto a lograr y solo se acusa un rápido descenso por debajo de las 500 mil toneladas, que a veces ha dado lugar a que sea necesario importar lo que antes se producía en abundancia.

Por eso el anuncio de que Refidomsa ha pasado en su totalidad a manos estatales por $183 millones de dólares, debe preocupar a todos, mientras el gobierno no aclare cómo será administrada esa industria de importancia vital para la estabilidad del país, aun cuando para muchos la consideran como una mezcladora de productos terminados que llegan al país al granel por las boyas de Nizao; hace tiempo la Refinería no abastece más allá del 50% de la demanda nacional de carburantes.

No hay dudas que la excusa presidencial del discurso del pasado jueves 15 fue la de anunciar la compra de las acciones de la Shell en la Refinería, ya que lo demás fue un adorno retórico y poco práctico por ser medidas inaplicables en el caos actual del tránsito y las condiciones de la infraestructura para establecer el sistema de semáforos inteligentes, que ya una vez se hizo con bombos y platillos y las calles fueron ranuradas para colocar los cables de control, pero la frecuencia de los apagones que alteraban el funcionamiento de los semáforos, tiró por tierra esos intentos de modernización vial.

Además, con las chatarras que componen la mayor parte del parque vehicular del transporte público, pensar en colocarles sistemas modernos computarizados de chips para controlar el GLP que consumen, es una quimera, para la cual no están preparados, por lo que deben buscarse métodos más terrenales, para que se controle el salvajismo que existe en el sector choferil de paños y manteles con el gobierno, hasta que no exploten los dueños del país.