Tras la consulta de febrero, el fantasma de la tramposería en elecciones fue puesto en vuelo insensatamente por la exaltación crítica de dirigencias partidarias que con pobreza de sustentación magnificaron las artimañas de compras de cédulas y votos para atribuirles una incidencia determinante en la abstención que finalmente alcanzó la proporción históricamente razonable para comicios no presidenciales.

Sí que resulta susceptible de distorsiones al por mayor y al detalle esta segunda y sustancial fase de votaciones del 19 de mayo sobre la que gravitará la centralización del endiosado presidencialismo de las ambiciones por el solio y los escaños que asignan reales porciones de poder regional altamente remuneradas y fuentes de nombradías y privilegios. Ahora ingresan a zona de peligro por incumplimientos las normas que limitan muy estrictamente para estos próximos 50 días el gasto individual y de las organizaciones en sí para catapultarse al triunfo.

Los antecedentes llevan a dudar que la Junta Central Electoral pueda colocar a los competidores bajo unas mismas y equitativas restricciones en el lapso del proceso que acaba de comenzar; vista la incapacidad exhibida hasta ahora por las dirigencias por impedir que el dinero sea determinante para alcanzar posiciones de Estado en representación de intereses particulares o de espurios nexos que en preocupante número han logrado su propósito. Infiltraciones de las que debe responsabilizarse también a los partidos políticos.