El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, afirmó que en el país persiste una cultura de perseguir y acosar a los trabajadores que intentan formar sindicatos en empresas industriales, zonas francas y otros, lo que explica la baja organización laboral.

Del Río Doñé dijo que esa práctica patronal constituye una violación de la libertad sindical que está consagrada en la Constitución, el Código de Trabajo y varios convenios firmados por el país con la Organización Mundial del Trabajo (OIT), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El dirigente sindical informó que actualmente están en diálogo con el sector empleador y el Ministerio de Trabajo para tratar de lograr una efectiva protección de la libertad sindical.

Entrevistado en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, Del Río Doñé manifestó que en República Dominicana, donde el desempleo es alto y la mayoría de los trabajadores sirve en la economía informal, conservar un empleo es vital para cualquier persona que lo obtiene en una empresa donde se hostiga el surgimiento de un sindicato.

“El 54% de la economía es informal, la gente tiene miedo de perder su empleo. Desde que creamos un comité gestor de un sindicato, los miembros son despedidos, amonestados en la industria, zonas francas”, informó el presidente de la CASC.

Afirmó que por esa razón que actualmente menos del 8% de los trabajadores está organizado. “Esperamos que los industriales permitan que los trabajadores se organicen como está en la Constitución, el Código Laboral, los convenios con la OIT”, agregó Del Río Doñé.

Reconoció que los empresarios temen a que el surgimiento de sindicato provoque enfrentamientos por reclamos sociales, pero el dirigente sindical aseguró que “eso quedó atrás. Ahora es diálogo concertado para favorecer a los trabajadores y a las empresas”.

Informó que el proceso que se sigue cuando hay un despido por violación a la libertad sindical es ir a un arbitraje con el empleador en el Ministerio de Trabajo y si no hay solución se sigue a la justicia.

“En muchos casos los tribunales de trabajo protegen al trabajador, pero luego es acosado en la empresa hasta que renuncia o lo despiden. La libertad sindical vuelve a ser violada”, expresó Del Río Doñé.

Dijo que actualmente hay varios sometimientos por violación a la libertad sindical y el país puede ser sancionado en la OIT, lo que puede provocar el bloqueo de financiamiento del sistema de la ONU.

Asimismo, Del Río Doñé dijo que las centrales sindicales demandan un despegue de los salarios que antes no eran mínimos con el nuevo salario mínimo, que han quedado igualados. “Los empresarios deben mejorar esos salarios en forma proporcional”, apuntó.

No obstante, Del Río Doñé sostuvo que los trabajadores están buscando una ley de indexación salarial porque ahora lo que se ha aumentado compensa la inflación de los años 2009 y 2010, no la presente.

“Estamos exigiendo que cada año, automáticamente, se aumente el salario mínimo de acuerdo de la inflación”, expresó el dirigente de la CASC, quien además exige una reducción del número de salarios mínimos de 17 que hay actualmente en diferentes sectores a solo tres o cuatro salarios mínimos.

            Con relación al desempleo, Del Río Doñé manifestó que el empleo en sector público ha crecido, sin embargo, “en el sector privado se perdió mucho empleo en zonas francas, el crecimiento del empleo en el sector privado no es muy activo.

Igualmente reveló que ha habido despidos por el incremento salarial, fundamentalmente las medianas y pequeñas empresas.

Del Río Doñé señaló que el sector construcción tiene mejor empleo, pero ahí la gran mayoría de los trabajadores son inmigrantes haitianos.

Agregó que el salario de obreros especializados de la construcción es bueno y se respetan las tarifas establecidas, el problema es en el que hace el trabajo más duro, cargando bloques, rompiendo aceras, donde la paga en ínfima.

Consideró que otro sector golpeado es el de los trabajadores agrícolas, quienes están desfavorecidos porque carecen de seguridad social, de vivienda, de tierra y la agricultura tiene muy bajo financiamiento.

Del Río Doñé afirmó que ante un panorama como ese el trabajador agrícola no le queda otro camino que salir del campo a la ciudad.

“El hombre del campo emigra porque no tiene condiciones mínimas para vivir con algo de dignidad”, apuntó el dirigente sindical.

En otro aspecto, Del Río Doñé dijo que la CASC está de acuerdo con que se invierta 30% de los fondos de pensiones para construir viviendas porque estima que esas acciones rendirán los ahorros de los trabajadores.

Aclaró que cualquier préstamo tiene que ser aprobado por una comisión, que tiene una representación sindical.

Sobre el costo de las viviendas, los trabajadores reclaman que se entreguen bonos y se elimine el pago inicial para abaratar y facilitar el acceso a los obreros a esas soluciones habitacionales.

Sostuvo que si el movimiento sindical está vigilante y hace que se cumpla la ley en cuanto a que los financiamientos se hagan para proyectos viables, los fondos de pensiones no deben correr riesgo de perderse.