Del rol económico del Estado, los servicios públicos y el ingreso

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Según los abanderados del liberalismo económico, una de las corrientes de pensamiento de mayor repercusión en la teoría económica, la no intervención del Estado en la economía, incentiva la dinámica productiva del sector privado generando eficiencia, innovación y progreso económico. Sin embargo, marcando distancia con el postulado liberal, y tomando como punto de apoyo la evidencia empírica a la luz de la crisis económica actual, el mercado como mecanismo idóneo de distribución de las riquezas y asignación eficiente de recursos, se ha revelado como un mecanismo incapaz de manejar de manera auspiciosa la economía.

Esta afirmación, nos lleva a reflexionar que el Estado, en ausencia de la “tradicional” eficiencia del mercado, debe asumir, a los fines de subsanar las insuficiencias generadas por éste, un rol protagónico en la concretización de los objetivos de desarrollo nacional. Es así como llegamos a la reafirmación de que su participación en la esfera económica, constituye, en momentos en que se producen los llamados fallos del mercado, un imprescindible sostén a la garantía del buen desenvolvimiento de la actividad productiva.

Soy de los que pienso que en los países donde no existe una institucionalidad bien asentada, y donde por consiguiente existe una estructura económica con acuciantes debilidades, como es el caso de la Republica Dominicana, el Estado debe asumir la función de promotor del desarrollo nacional y garante de los servicios públicos necesarios que avalen un nivel de vida digna a los/as ciudadanos/as. Sin embargo, dado los niveles de corrupción presentes en la órbita de lo estatal, en lugar de constituirse en remedio a la desgracia nacional, el Estado puede devenir en un escollo insalvable que impida y hasta promueva, con sus actos dolosos al erario público, la trampa de pobreza en la cual está sumergida cerca del 40% de la población del país.

Tanto la corrupción administrativa, como la mercantilización de los servicios y bienes públicos por parte del sector privado, son el resultado por un lado, de una debilidad crónica presente en nuestras alicaídas instituciones, incapaces éstas de extraerse a los tentáculos de la corrupción administrativa; y por el otro, de la debilidad por parte de los poderes públicos para garantizar el suministro adecuado de los servicios sociales.

Esta tétrica realidad se convierte en una fuente  generadora de cargas económicas para la población en áreas tan neurálgicas como: la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el suministro de agua potable, así como para una larga lista de servicios públicos ineficientes, que el Estado provee precariamente, y que el ciudadano común tiene por resultado que agenciarse por medios privados a precios cada vez más prohibitivos; situación ésta que representa un peso mayor para los magros ingresos personales, materializando la pauperización de los perceptores de ingresos bajos.

Por lo tanto, esto que acabamos de mencionar, demuestra que en ausencia de un Estado consolidado y con buena vocación gerencial, las oportunidades de lucro para los sectores privados que rentabilizan las debilidades del mismo, son cada vez mayores. Esto se hace patente en nuestro país en el sistema de transporte, que en ausencia de un servicio público funcional, los ciudadanos buscan soluciones privadas en el automóvil que resultan mucho más caras y de paso más contaminantes. Otro ejemplo, es el negocio de la venta de agua embotellada y la privatización de la educación superior, media y primaria, gastos cada día más onerosos para las clases medias y los sectores populares. En ese tenor, los gobiernos que hemos tenido, sin excepción alguna, en lugar de erradicar las disfuncionalidades públicas, las profundizan, convirtiéndolas en oportunidades de lucro para sectores a quienes no les interesa el bien colectivo más allá del dinero que puedan generar al amparo de la mercantilización de los derechos.

Bajo esta preocupación, para acabar con el flagelo de la corrupción, más que estrategias, se necesita voluntad política, lo cual ha estado ausente en los gobiernos de todos los partidos tradicionales que han desfilado por el poder político. Sus constantes atropellos a la eficiencia administrativa del Estado, ha generado una insuperable oportunidad de negocios para grupos económicos que se ceban de la miseria de todo un pueblo trabajador, al cual incluso se le busca reducir sus escasas conquistas laborales, en nombre de la flexibilización del mercado de trabajo y de la llamada competitividad de las empresas, como si de lo único de que se tratara a la hora de la determinación del costo de una mercancía es del costo del trabajo, dejando con esto de lado, las rentas derivadas del capital.

Todo lo anterior, requiere de una permanente supervisión de los sectores sociales y políticos, que hoy están dispersos y que ameritan de un esfuerzo de cohesión organizativa para enfrentar, al mismo tiempo que evitar, la perpetración de tamaña conspiración para el bienestar de las mayorías.

Es tiempo de comenzar a subvertir el estado de cosas en el país, deponer los personalismos y la testarudez vanguardista, en aras de dar paso al retoño de una nueva esperanza que aflore días mejores para un país que merece un destino mejor.