Técnicamente, los magistrados que integran el Tribunal Superior Electoral (TSE) concluyen sus funciones en Agosto. Y para nadie es un secreto que la labor esencialmente política asumida por éstos ha sido pieza de escarnio, con la gravedad de que ese papel de emisarios políticos creó las bases de altísimos niveles de impugnación en amplios sectores ciudadanos que apuestan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
No existe encuesta rigurosa que no establezca una consistente tendencia de colocar el desempeño de los jueces electorales en el peor nivel de desagrado de la sociedad. Aún así, con el sentido de retribución con que se actúa en los estamentos de poder, connotados miembros del TSE están a la espera de ser promovidos a la Junta Central Electoral (JCE) para el periodo 2016/2020.
Con una mayoría senatorial, se tiene la facultad de estructurar un modelo de arbitraje electoral a su medida. No obstante, tanto sectores de la sociedad civil, actores partidarios y gente sensata dentro del oficialismo saben las consecuencias de promover una iniciativa que será asumida como pago al descarado desempeño de los actuales integrantes del TSE. Además, los efectos generados en amplios núcleos ciudadanos por el comportamiento de funcionarios electorales obligan a construir un perfil tendente a desintoxicar esa instancia de aventureros de nuevo cuño revestidos de legalidad, pero obedientes a cualquiera de las organizaciones políticas.
La gran lección del pasado proceso electoral reside en no recaer en un jefe de la JCE con rasgos autoritarios, desdeñoso de los métodos transparentes y con tantos vínculos partidarios, incorrectamente orientado por clanes de la comunicación ansiosos de construir una ambientación mediática del titular para confundir, el buen posicionamiento producto de la inversión económica con una labor institucional eficiente.
Lo de Roberto Rosario en la JCE obligan a una nueva elección que niegue los perfiles de su gestión. No obstante, existe una clara intención de llevar a John Guiliani a la presidencia del órgano electoral para reproducir el esquema de un “obediente” que organice las elecciones del 2020. Esa designación constituye una provocación innecesaria que activaría todos los circuitos del país, y en ese mismo orden, tendrían sus promotores que defender al “potencial candidato” de procesos penales donde el cobro de pensiones y salarios ilegales representan un nuevo round de la pelea por el adecentamiento de las instituciones.
Evocando al viejo Marx, y el ir y entre la tragedia y comedia de las vueltas que da la historia, resulta importante recordar que Roberto Despradel asumió la presidencia del rectorado electoral para validar el desenfreno autoritario establecido en el país desde el 23 de febrero de 1930. Esa sensación de jugar a resultados favorables con árbitros parciales llena de culpas a la partidocracia que nos gobierna desde diciembre de 1962 y tiende al establecimiento de toda una cultura fraudulenta divorciada de nuevos referentes democráticos que hacen de la transparencia un recurso revolucionario vital. Ni el PRSC, PRD y PLD están libres de pecado.
En la operación política que se planea para colocar a John Guiliani al frente de la JCE, los elementos de la lucha intra-partidaria en el PLD juegan un papel fundamental porque a éste se le tiene como un cuadro cercano a un senador con jerarquía partidaria, y en los propósitos futuros del legislador, la imposición del aspirante de su predilección representa un logro importante en el marco de sus aspiraciones presidenciales en el año 2020. Además, las colindancias de carácter familiar con el presidente Danilo Medina servirían de impulso fundamental a un “nuevo” cuadro del arbitraje comicial, promovido desde el TSE.

De resultar “impuesto” en la JCE una persona asociada al PLD estaríamos creando las condiciones de un tranque innecesario. Además, utilizar colindancias familiares se revierte contra el arquitecto de esa estrategia porque no conviene estimular el espíritu de la gobernabilidad, e introducirse en la refriega .

Colocar a John Guiliani en la JCE constituye la fuente de una terrible confrontación institucional. Eso, lo sabe el presidente Medina Sánchez.