La delegación de la República Dominicana presidida por el embajador Roberto Saladín, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), articuló una enérgica defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia Migrantes en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, llevada a cabo en el marco del 143º Período de Sesiones.
La delegación reiteró que estas audiencias son de carácter general, en conformidad con el artículo 66 del reglamento de la comisión, y que su finalidad es la de conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general, por lo tanto no están llamadas a conocer sobre casos individuales.
En el documento suministrado por las organizaciones de la sociedad civil, en donde éstas alegan supuestos deterioros de los derechos laborales de los trabajadores migratorios en el país, a lo cual la delegación dominicana respondió, que las relaciones laborales se rigen por los contratos laborales libremente acordados por las partes, y que el papel del Estado es garantizar el respeto a los derechos laborales, a través de los mecanismos e instituciones establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
La delegación dominicana destacó que en el período septiembre 2010 al mismo mes de este año, fueron atendidas por el Ministerio de Trabajo, a nivel nacional por el sistema de inspección, 382,252 personas, de las cuales 22,031 eran extranjeras. Se realizaron 79,551 inspecciones a nivel nacional en ese mismo período.
Marco jurídico de RD
En el marco jurídico-institucional, el Estado garantiza a todos los trabajadores, independientemente de su estatus o condición migratoria, los derechos a todas las prerrogativas y beneficios que les confieren las normas laborales.