La inseguridad pública se ha convertido en el nuevo gran problema de los dominicanos.  La gente se lamenta del auge de la violencia y la delincuencia. La corrupción es otro mal que nos agobia. Como consecuencia de las tratativas mañosas de los administradores de los fondos públicos y sus cómplices, la sociedad disminuye su calidad de vida. Hay menos cama en los hospitales, menos medicina, menos aulas en escuelas y universidades. La tolerancia judicial es señalada como una de las causas de estos males.

La encuesta   El Barómetro de Las Américas impulsada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) nos ofrece datos  reveladores del lugar en que estamos en estos temas: la percepción de inseguridad aquí ha alcanzado niveles tan altos como el 50.7%. Tenemos el nada envidiable segundo promedio más alto de la región en la percepción de que la delincuencia representa una amenaza para el país.

En la comparación regional sobre percepción de corrupción,   Dominicana tiene  77.6 puntos promedio. El 17% de las personas encuestadas dijo haber sido víctima de un acto de corrupción y un 23% confesó haber sido afectado por la delincuencia.

La encuesta resume la opinión sobre la justicia con estas palabras: “El sistema de justicia dominicano se mantiene distante de lograr un alto nivel de confianza. Los datos de 2010 muestran incluso un ligero retroceso con respecto a las encuestas anteriores. En la escala de confianza en la justicia, en sentido general, la República Dominicana se coloca en una posición intermedia en la comparación regional. El promedio de confianza bajó de 52 puntos en 2008 a 48.7 en  2010”.  

Es obvio que el sistema de justicia dominicano no ha alcanzado los niveles éticos deseados como para enfrentar con éxito la corrupción y la delincuencia en sus estratos más altos. Los números nos delatan.