Hasta no hace mucho tiempo esa competencia sórdida entre la delincuencia social y la delincuencia política estaba, como se dice en el argot hípico, cabeza con cabeza. En el más castizo lenguaje, estaban empate.

Pese a que es una realidad que la seguridad ciudadana ha sido minada por la delincuencia social, como se dice en el béisbol, del cual es un sobresaliente conocedor y aficionado nuestro Presidente, esta última la delincuencia política se le fue adelante. Es tan rapaz como la primera, pero sus actores están alfabetizados. Esto es, saben leer y escribir.

Aunque como decía Stevenson “Quizá sea la política la única profesión para la que no se exige preparación alguna”.

La ventaja se cimenta en la expresión del prócer José Martí, en el sentido de que “El talento sin probidad es un azote”. Esto es, no es incompatible que cohabiten el talento y la carencia de probidad. En la especie, es el escenario al que como mansos corderitos nos conducen y estamos asistiendo.

Lo grave de todo esto es que las altas instancias del poder han sido permeadas por el manejo indelicado de los recursos públicos, resquebrajando y corroyendo así tanto la credibilidad como la autoridad moral del Estado en la administración pública. Verbigracia el caso Sun Land.

Del manejo energético ni hablar. Por acción u omisión la complicidad del Estado es manifiesta y ostensible. Su desempeño es un vulgar atraco en perjuicio del pueblo dominicano. Obviamente que no incluye los beneficiarios.

De esta piñata han disfrutado golosamente los tres partidos mayoritarios. El empresariado sin excusas, pescando en río revuelto, también se ha agenciado su ración del pastel.

Todo a costa y sobre los hombros de este pobre, maltratado e indefenso pueblo que en relación con la irresoluble crisis energética -parodiando a García Márquez- no tiene quien lo defienda ni quien se apiade de él.

A más abundar, y esto sí que raya en el paroxismo más extremo. Con la venia de la mayoría de los miembros de la Asamblea Revisora, en su jornada celebrada el martes 3 de junio recién pasado, con el apoyo de los oficialistas y de la oposición, sin el menor prurito y con olímpica desfachatez, rechazaron una moción que sobre la ética presentara el diputado peledeísta por Santiago, Víctor Suárez, orientada a inhabilitar a los legisladores por la comisión de hechos contrarios a la ética.

La propuesta procuraba que los legisladores perdieran su investidura por inasistencia, por indebida destinación de recursos públicos, por tráfico de influencia y por violación al régimen de inhabilitaciones e incompatibilidades. Cada una de estas causas fueron sometidas por separado y todas fueron rechazadas, según lo reseñara este mismo periódico en su edición del miércoles 3 de junio del 2009, página 4A.

No es casualidad la coincidencia en este nuevo accionar en el arte de la corrupción, que emula con creces la aciaga Era del Balaguerato, y nos retrotrae a tiempos que entendíamos ya superados.

Salvando las diferencias, de no decir estas cosas, correríamos la misma suerte del maestro Eugenio María de Hostos, quien tal como dijera nuestro insigne humanista Pedro Henríquez Ureña, frente al agobio y pesar que en ese entonces le ocasionó la imperante degradación de la sociedad e irrespeto a las instituciones, cuando refiriéndose al primero, dijo de él: “Murió de asfixia moral”.