La delincuencia y la corrupción son dos caras de la misma moneda. La corrupción se desvincula de la delincuencia, aceptándose como normal en nuestra sociedad.

Los gobiernos han cometido y cometen actos de corrupción y la ciudadanía los permite, no exige transparencia, ni se siente robada ni atracada, como cuando le ocurre en la calle o su vivienda.

El robo se convierte así en un acto impune. Las personas que pasan a la administración pública, organismos policiales y militares han asumido el macuteo como conducta permitida y aceptada. ¿Se ha convertido el robo en un valor?

En las familias y escuelas se enseña que quien roba es un ladrón, categoría que se reduce a ciertos robos y atracos, solo carteras y viviendas. Nuestras generaciones han crecido sin conciencia ciudadana con la permisividad y la impunidad ante el robo en la administración pública.

En este sentido no hay pérdida de valores. Las familias y centros educativos siguen enseñándole a niños/as y jóvenes el valor de la honestidad. Nuestros/as grandes ladrones/as de cuello blanco se educaron en los mejores colegios y les enseñaron la seriedad, la honestidad y valores religiosos, estos/as asistieron y asisten a las celebraciones religiosas asiduamente.

A nuestros funcionarios, presidentes, efectivos policiales y militares se les calificó y califica como personas serias y honorables, aún desconociéndose el origen de sus fortunas. Tenemos un Estado débil que ofrece muchas brechas para el hurto.

En nuestro país se han producido escándalos de grandes robos, tráfico de drogas y asesinatos a manos de nuestros organismos de seguridad.

Estos no son hechos recientes. Desde décadas atrás la administración pública y los organismos de seguridad sostienen una práctica de corrupción que se ha extendido y se extiende por la impunidad y permisividad de nuestra sociedad. En el mandato de Balaguer, el extinto presidente reconoció públicamente que sus funcionarios y efectivos policiales macuteaban, legitimando esta práctica. Los organismos de seguridad y funcionarios/as tienen mucho poder. Este poder le permite: robarse los semáforos en rojo, pasar registros y chequeos militares sin ser revisados y violar las normas que fungen para cualquier ciudadano/a. Elementos que facilitan el ejercicio delincuencial. Si la administración pública y los organismos de seguridad carecen de un sistema de control de la corrupción y delincuencia en su interior, la enseñanza de valores no nos sirve de nada. Todos/as los/as funcionarios/as y efectivos policiales deben ser tratados/as como ciudadanos/as comunes con deberes-derechos. Deben ser juzgados y sometidos a la justicia. Mientras tengan privilegios y poder lo utilizarán para su enriquecimiento ilícito como lo hacen actualmente.