Delincuencia y la receta de Giuliani

Delincuencia y la receta de Giuliani

La reciente visita a Santo Domingo de Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, para hablar sobre su estrategia de prevención del crimen, es ocasión para volver sobre el tapete con un tema que se ha convertido en prioritario, temeroso y tenebroso para la sociedad dominicana.

La receta de Giuliani para combatir la delincuencia se basa en optimizar la efectividad del sistema policial. Esto conlleva mejorar las condiciones laborales de los policías, entrenarlos en actividades de investigación y control, y sanear la institución.

Aunque Giuliani propague que la reforma policial fue lo esencial en su estrategia, vale aclarar que otros factores también jugaron un papel importante.

Por ejemplo, la criminalidad bajó en muchas ciudades norteamericanas concomitantemente porque la década de 1990 fue de prosperidad económica con crecimiento y bajo desempleo. En el caso de Nueva York, los ataques del 11 de septiembre de 2001 ayudaron también a resguardar la ciudad en años subsiguientes.

De todas maneras, es útil considerar la receta de Giulani aunque las medidas adoptadas en Nueva York enfrenten dificultad en el contexto dominicano. Veamos.

La explosión de la criminalidad de los últimos años en República Dominicana es producto de la correspondencia acumulada del alto nivel de desempleo, predominio de bajos salarios, mayor nivel organizativo de la acción criminal, y la co-participación de distintas instancias del Estado (no sólo la Policía) en las actividades delictivas.

El robo de vehículos, el contrabando, el narcotráfico, el micro-tráfico, el lavado de dinero, los asesinatos y asaltos serían difíciles de realizar sin el consentimiento de sectores de poder, policiales y no policiales, porque son actividades delictivas complejas o extensas en su territorialidad.

En un sistema político de gobiernos civiles, los cuerpos armados se insertan en la delincuencia cuando son amparados por el poder civil.

En este compacto delictivo, la complicidad de los poderes públicos imposibilita al Estado para cumplir con su función primordial de proteger la ciudadanía, mientras la criminalidad se convierte en una forma de violencia estatal contra la población.

Si todas las instancias del Estado están involucradas en las actividades delictivas, es difícil cortar la soga por algún lado.

Para combatir la criminalidad en diversas instancias públicas y privadas no es suficiente el despliegue de policías, o el entrenamiento policial, o la modificación de una ley porque muchos delincuentes son parte de las estructuras organizadas dentro y fuera del Estado, y las actividades delictivas son fuente importante de acumulación de riqueza para distintos sectores.

Giulani tiene razón en que sin una depuración y capacitación de la policía no es posible avanzar en el combate a la delincuencia por más que se proclame la “tolerancia cero”.

Pero en el caso dominicano, lanzar dinero público a la Policía sin que se produzca primero un saneamiento institucional no es solución. Además, queda la interrogante de cuánto habrá que pagarle a los policías de distintos rangos para reducir o eliminar su adicción al macuteo o a los sobornos.

El problema fundamental dominicano es que no hay voluntad política para sanear los cuerpos armados porque los civiles también se benefician de las actividades delictivas.

Por eso la República Dominicana ha entrado en el círculo vicioso de la actividad delincuencial: no hay poder legítimo con interés de pararla porque muchos se benefician de ella.

Se sabe bien, hay que sanear el estamento político, militar-policial y judicial para que las redes delictivas no continúen ancladas en esos órganos, socavando las medidas que podrían debilitar su emporio criminal.  ¿Pero quién sanea? Esta es la pregunta del millón para la cual la receta de Rudolph Giuliani no tiene respuesta.

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