La participación cada vez más frecuente de menores de edad  en actos delictivos parece entrar en conflicto con el trato especial que garantiza el Código del Menor a quienes encajan en la minoría de edad. La preocupación generalizada -que comparte el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra- es qué motiva  esa frecuencia. Al analizar este aspecto, muchos juzgan que la búsqueda de las causas debe empezar en el propio Código del Menor y en el Código Penal. Un punto insoslayable es establecer si el Código del Menor, al privilegiar ese estatus ante la Justicia,  estaría propiciando la participación de menores en actos ilícitos.

Un punto a considerar debe ser la revisión de los criterios en que se basa la minoría de edad. Para fines legales se estipula una edad equis como tope de la minoría, pero este criterio no toca para nada el aspecto crucial en todo proceso judicial: la capacidad de discernimiento del autor del inculpado de un hecho delictivo y, conexa, la magnitud del castigo merecido. Parecería que  la minoría de edad debería incluir parámetros relacionados con esa capacidad. Lo cierto de todo es que tratar con la benignidad que consagra el Código a los menores de edad implicados en crímenes, no parece ser un buen disuasivo, ni para los menores ni para quienes los prefieren para integrarlos a bandas delictivas. Ahí está el dilema.

Tala de árboles en el Cibao

La protección de nuestros bosques es un asunto de vida. Todo lo que pueda amenazar su existencia debe ser frenado sancionado con la dureza que impongan las circunstancias. Partiendo de estos criterios, invitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarena) a investigar la denuncia del  Movimiento Cívico “Tiempo Verde” sobre lo que denomina alarmante tala de árboles en los municipios de San José de las Matas, Sabana Iglesia y Jánico, en pleno corazón del Cibao.

La entidad afirma que también hay  depredación de bosques en las provincias Espaillat, Valverde y Dajabón. “Tiempo Verde” afirma que algunos permisos  otorgados por  la Secretaría de Medio Ambiente pasan por alto las políticas ambientales de desarrollo sostenible y  que en Santiago estaría operando la mayor red de tráfico de madera talada ilegalmente en las zonas señaladas. La gravedad de la denuncia debería motivar una reacción de la Semarena.