Por enésima ocasión ha vuelto a suceder y por eso nadie se espanta, pero el daño que provoca a la tranquilidad pública, y mas que nada a la confianza que deben inspirar a los ciudadanos sus autoridades, el recurrente involucramiento de policías y miembros  de las Fuerzas Armadas en acciones delictivas es enorme e irreversible, y mas temprano que tarde terminaremos pagando las consecuencias. En esta ocasión “le tocó el turno” a un general y seis coroneles de la Fuerza Aérea, cancelados y puestos en retiro forzoso acusados de tráfico de drogas y de armas, así como  de  recibir sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, entre otras faltas graves. Pero todavía hay mas. El vespertino  El Nacional, citando “fuentes castrenses fidedignas”, publicó que al menos otros 20 oficiales superiores de la Fuerza Aérea y el Ejército son investigados por su presunta participación en diversos hechos delictivos. Quien quiera ver el vaso medio lleno argumentará, sin que le falte razón, que por lo menos se sanciona y  expulsa de nuestros cuerpos armados y policiales a todo aquel que con su conducta deshonra el uniforme  que juró servir y respetar, pero eso apenas sirve como consuelo, pues lo cierto es que nadie puede asegurar  que no volveremos a ser  testigos de hechos tan bochornosos.  Por lo menos mientras las Fuerzas Armadas y la Policía sigan  resistiéndose  a tratar a la mayoría de los expulsados como lo que realmente son, delincuentes con uniformes (oficiales superiores incluidos), a los que no   envían a los tribunales ordinarios para que sean juzgados por sus delitos. Y eso, aquí y en cualquier lugar del mundo, constituye un  estímulo a la     impunidad, y también  la mejor garantía de que ningún plan de seguridad  pública tendrá resultados satisfactorios.