La preocupación por la seguridad del ciudadano común aumenta cuando la delincuencia golpea a personas de relieve por su condición civil, militar o policial, a pesar de que se les supone mejor resguardados por la prominencia y la atención que les rodea. Asaltos como el sufrido por el general retirado Juan Bautista Rojas Tabar dan idea de la audacia de antisociales que no parecen temer a las investigaciones, persecuciones y condenas de organismos que deben defender a la sociedad. El efecto de disuasión que se espera de las acciones punitivas no queda a la vista, acrecentándose las dudas sobre el papel de las autoridades. No se trata de sucesos tan excepcionales como podría creerse. El bandidaje desconoce una y otra vez las fronteras urbanas y de clase.
En años recientes se le ha visto incursionar pertrechado y quitado de bulla en sectores considerados exclusivos, como la zona residencial del Presidente Medina; y en villas del Este que nadie podía suponer expuestas a pandilleros. Algunos generales activos y retirados no han escapado en distintos escenarios y fechas al mismo tipo de forajido que toma por sorpresa a indefensos ciudadanos de zonas céntricas y barrios. Las debilidades contra el crimen también se manifiestan en las cárceles, donde temibles convictos imponen control, armados incluso, sobre celdas pobladas mayormente por presos preventivos sometidos al expolio de los fuertes.

Apreciaciones en contraste

Contra la meta de elevar los índices de competitividad en República Dominicana actúan factores que encarecen costos demorando procesos por laberintos de burocracia, alta tarifa de una electricidad inconstante que obliga a usar generadores propios de mucho consumo y unos precios de combustibles más altos que los disponibles en economías rivales de la cercanía. Contra el éxito de los negocios gravitan también la baja disponibilidad de mano de obra calificada y la competencia que sobre los medios de producción formales ejercen los informales, el contrabando y las falsificaciones. Ninguna de esas adversidades ha retrocedido significativamente y no extraña que observadores del quehacer empresarial cuestionen la nueva metodología empleada desde el sector público para medir la realidad de un modo diferente y generar optimismo.